La senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, pidió ayer más comunicación y transparencia del Gobierno con los partidos oficialistas en el proceso de designación del sucesor del ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, cuyo nombramiento fue tildado de "desprolijo" por algunos dirigentes de la Nueva Mayoría.

En el programa Estado Nacional de TVN, la parlamentaria se refirió al supuesto "secretismo" que se ha acusado desde el oficialismo en la designación del gabinete, críticas que surgieron después de la renuncia de Insunza, gatillada por los cuestionamientos recibidos por las asesorías que realizó a empresas mineras mientras fue diputado y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara.

La timonel del Partido Socialista recalcó que la primera responsabilidad la tuvo el propio Insunza, porque "debió haber tenido conciencia de que mientras era presidente de la Comisión de Minería, él estaba prestando asesorías remuneradas nada menos que a grandes empresas mineras", actitud que calificó de "incorrecta e imprudente".

"Yo creo que nosotros como parlamentarios no podemos estar asesorando remuneradamente a empresas, bajo ninguna circunstancia", manifestó Allende en el programa de televisión.

Sobre el nuevo titular de la Secretaría General de la Presidencia, la senadora aseguró que "a mí nadie me ha preguntado nada". "Yo esperaría que me llamaran y creo que esto es una lección, porque si bien Insunza se equivocó en no reconocer, creo que tampoco el Gobierno puede a último minuto simplemente proceder a nombrar sin consultarle a los partidos", aseveró.

La legisladora enfatizó que "los partidos somos la base de apoyo al Gobierno y los partidos por lo menos debieran ser informados. No se trata de que el partido va a imponer un nombre, ni va a censurar un nombre, pero se trata que se llama al presidente del partido y se le dice: 'mire, éste es el candidato que estamos proponiendo'".

Militancia

Consultada sobre si el nuevo secretario de Estado debiese ser militante del PS, Allende indicó que "lo que aquí correspondería es que nombremos a la persona indicada".

"Si esa persona indicada es PS, es PPD, es PR o lo que sea, francamente debiera ser secundario. Yo sé que es muy difícil, porque cada partido, que es su rol, defiende su cuota de poder, su capacidad de influir, estar presente, etc. Pero lo que yo quiero esta vez es que no haya equivocaciones. Tiene que ser una persona muy empoderada, con muchos conocimientos en el trámite legislativo y relación con los parlamentarios", sostuvo.

El PPD Jorge Insunza presentó su renuncia el domingo 7 de junio después de 28 días de haber jurado como titular de la Segpres.

El ex ministro argumentó que su salida era una muestra de lealtad hacia la Presidenta Michelle Bachelet tras los cuestionamientos de los que fue objeto por las asesorías que realizó a compañías mineras. J

l A las 16.00 horas de hoy sesionará la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre "Actos de Gobierno que se vinculen directa o indirectamente con los negocios y actividades del ex director sociocultural de la Presidencia de la República, particularmente en el denominado caso Caval". La instancia es presidida por el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Silber, y entre sus trece integrantes figuran cinco legisladores de oposición: Marcela Sabat y Diego Paulsen, ambos de Renovación Nacional (RN), e Issa Kort, Felipe Ward y Gustavo Hasbún, de la Unión Demócrata Independiente (UDI). La instancia se reunirá en la sede del Congreso en Santiago, en la Sala 2 de comisiones, y de acuerdo con la convocatoria, se trata de una sesión ordinaria con el objetivo de continuar con su cometido.

La comisión citó para la jornada a la intendenta de la Región de O'Higgins, Morín Contreras, e invitó al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. También figuran como invitados el ex director del Área Sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet; junto a la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, y su socio en la empresa Caval, Mauricio Valero. Esta comisión busca establecer eventuales responsabilidades políticas en presuntas irregularidades detectadas en la adquisición y posterior venta de los terrenos de Machalí que negoció la empresa de la nuera de la Presidenta.

La semana pasada, el Gobierno rechazó la solicitud formulada por la bancada de diputados de la UDI para que la Presidenta de la República contestara un cuestionario de ocho preguntas sobre el caso Caval.

Según publicó La Tercera, el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) calificó de "inadmisible" el cuestionario del partido gremialista, dado que para estas solicitudes específicas de información existe la Ley de Transparencia. J