Es muy factible que la mayoría de las personas desconozca cómo funcionará la nueva reforma a la educación, Ley de Inclusión Escolar, promulgada por la presidenta Michelle Bachelet y que pretende poner fin al lucro, a la discriminación y el copago en el sistema educacional financiado con recursos públicos.

La implementación de esta Ley comenzará progresivamente el próximo año, cuando los establecimientos comiencen a recibir más recursos a través de la subvención de gratuidad y la Sep ampliada para la clase media.

Sin embargo, la citada Ley de Inclusión Escolar, ha puesto en discusión el futuro de varias instituciones educacionales, principalmente los colegios particulares subvencionados, que deberán pasar a funcionar como fundaciones de aquí al 2017 o bien transformarlos en privados particulares, subiendo con ello radicalmente el costo a los apoderados.

Actualmente, existen en Chile 3.470 establecimientos educacionales que declaran tener fines de lucro. Si los sostenedores de esos colegios pretenden seguir en la actividad, deberán transformarse en fundaciones sin fines de lucro.

El articulado transitorio de la reforma que afina el gobierno establece un plazo de dos años para realizar esa conversión.

Además, estas fundaciones podrán solicitar al Estado la compra de los inmuebles y recintos en los que funcionan esos establecimientos.

Para concretar el pago de modo gradual, el Estado tendrá un período de 12 años, dijeron fuentes ligadas a la iniciativa legal. De esos pagos se descontará la inversión pública realizada en infraestructura.

En nuestra región tenemos 152 establecimientos educacionales, 64 de los cuales son públicos (municipales) que no sufrirán modificación alguna. De los 88 restantes, cuatro son particulares privados y 84 particulares subvencionados.

En este último grupo hay ocho establecimientos sin fines de lucro. Los demás (76) deberán iniciar un proceso de transformación en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, para lo que tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2017.

En caso de no aceptar ser fundación, el colegio subvencionado se convertirá en particular pagado. Por ejemplo, en el Abraham Lincoln School la mensualidad es de 25 mil pesos. De seguir como privados, ese monto podría subir hasta los 130 mil pesos y eso ocurrirá en la mayoría de establecimientos que sigan esa línea.

FIDE REGIONAL

Para conocer más detalles sobre qué pasará este medio dialogó con el presidente regional de la Federación de Instituciones de Educación Particular Eduardo Díaz, quien además es director del colegio particular subvencionado Abraham Lincoln School, el que -como muchos- todavía no saben qué pasará con sus instituciones, pues deben esperar los 18 instructivos que entregará el Gobierno en septiembre, "por ahora se está evaluando la posibilidad de ver cuál será la mejor decisión", dijo Díaz.

Frente a lo que viene "la situación es bastante compleja. Porque queremos que las decisiones sean las menos perjudiciales para los estudiantes, para los docentes y para el funcionamiento del colegio y esto depende de los 18 manuales que debe implementar el Ministerio de Educación una vez que salga la Ley declarada en el Diario Oficial, lo que será gravitante para tomar las decisiones del colegio y así será en todo Chile", dijo Díaz.

Para este sostenedor la situación de la nueva reforma los tiene en la incertidumbre, pues se estaría terminando con un proceso educacional de años. "Tenemos 33 años de existencia y hemos tenido muchos logros educacionales. Se ha reconocido la calidad de profesores y por las generaciones que han salido de aquí. Esto provoca una sensación de agraz de trabajar tantos años para que alguien intervenga en las decisiones del colegio. Sin embargo, por la soberbia de este Gobierno que se involucró en este tema, se está perjudicando a las familias. Esta reforma lo primero que debería haber hecho es partir por la educación superior, ya que ahí se plantearon los grandes problemas. Una familia con gran esfuerzo puede pagar un financiamiento compartido, pero es muy complicado tener un estudiante en la universidad o a dos hermanos y pagar 300 y 400 mil pesos, por lo que esto se hizo al revés".

Sobre el proceso de selección, Eduardo Díaz explicó que, "este será para los alumnos prioritarios de los sectores más vulnerables. Estos alumnos los deriva el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). La segunda prioridad para la selección es tener hermanos en el mismo colegio. Y el tercer punto son los hijos de funcionarios y este es un error del Gobierno, ya que ellos deberían haber tenido la primera prioridad ya que se identifican con el colegio. Y ahora habrá que decirles que tienen que llevárselos a otro colegio luego de haber estado toda la vida junto a sus padres".

Para graficar el caso Díaz aclaró que, "por ejemplo, en mi caso, conversé con los apoderados de los dos octavos, ya que tenemos un cupo de 25 alumnos para armar el primero medio. Por esto tendrán que salir 25 alumnos del colegio. Aquí tenemos 22 prioritarios y me quedarían tres cupos para sortear entre los que tienen hermanos, que son ocho. La selección será por tómbola, es medio folclórico y de ramada pero lo dice la Ley".

FORD COLLEGE

Desde el colegio particular subvencionado Ford College su director Mario Ovando dijo que, "el sostenedor del colegio ya planteó la situación a los apoderados ya que esto depende de los reglamentos de la Ley, para la postura final".

Ovando dijo que existe inquietud entre los apoderados ya que algunos tienen hasta tres hijos en el colegio y con la nueva reforma le subirán los costos de las mensualidad, en caso de seguir como privados, "lo que generará una baja en la matrícula.

Aquí lo que quiere el Gobierno es recuperar la educación pública y el sostenedor pasará a ser un administrador".

El problema más grave con este proceso dijo Ovando serán las escuelas de lenguaje, ya que no hay exclusión y todos deben ir al colegio normal. "Nosotros estamos esperando los reglamentos para poder aplicar la ley", aseguró.

COLEGIO DE PROFESORES

El presidente del colegio de profesores regional Carlos Ojeda, tiene dos apreciaciones frente a la "Ley de Equidad", promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. "Vemos muy positivo el fin del lucro, copago y selección, pero en términos prácticos no se está cambiando el sistema de financiamiento. Aquí se financia por asistencia por alumnos y este sistema lo rechazamos totalmente. La educación debe ser financiada por Presupuesto. Para tener buenos estudiantes se necesita que el Estado invierta y que no dependa de la asistencia".

Ojeda aseveró que, "ahora no existirán colegios que lucren con los recursos del Estado. Al ser fundaciones van a tener una característica distinta, ya que deberán rendir los gastos, cosa que hoy no se hace. Sin embargo, el Gobierno no está modificando el sistema de financiamiento, lo siguen tratando como mercancía ya que seguirán pagando por el ingreso de los alumnos".

El presidente regional de los profesores aseguró que, "hoy el 70 % son colegios particulares subvencionados y el 30 % son municipalizados, donde están los niños más vulnerables. Actualmente cualquier mejora a la educación va a parar a ese 70 %".

SEREMI DE EDUCACIÓN

Para ahondar más en el tema este medio entrevistó a la seremi de educación Guillia Olivera León, la que se refirió al funcionamiento de la nueva reforma. "Hoy dimos un paso fundamental con la promulgación de la Ley de Inclusión, que asegura la educación como un verdadero derecho social, que nos invita a incluirnos y no segregarnos, porque la calidad ya no va a depender del dinero que dispongan las familias para pagar".

La seremi también explicó cómo será el proceso de admisión. "Deben ser transparentes, bajo igualdad de oportunidades y se prohíbe la petición de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados. La normativa también instala un nuevo proceso de admisión que tiene como objetivo que sean los padres, madres o apoderados quienes decidan el establecimiento en donde estudien sus hijos o pupilos y no que los establecimientos decidan a qué niño educar".

También recalcó que todas las conversaciones con los sostenedores las realizó el Ministerio de Educación antes del envío de la iniciativa legal al Congreso. "Hoy, con una Ley de Inclusión promulgada, estamos en otra etapa, en donde se establece que el Mineduc dispondrá de una unidad de apoyo para efectos de asesorar a los sostenedores en aspectos técnicos, jurídicos, contables y de gestión en relación a las nuevas exigencias establecidas".

La autoridad aclaró el tema de las matrículas de aquellos alumnos de colegios que no quieran pasar a ser fundación. "Ningún alumno se quedará sin matrícula. No ocurrió antes cuando la educación era regulada por las reglas del mercado, menos ahora que tendremos una educación sin selección y sin lucro. Si un sostenedor decide libremente no continuar con su colegio, el acceso igualitario a la educación sigue siendo un derecho garantizado por el Estado a todos nuestros estudiantes. Insisto, estamos siendo testigos históricos del divorcio de la educación con el mercado". J