Eran muchas las expectativas con el Mensaje Presidencial del jueves, considerando el momento que vive el país y las señales que se esperaban de la Presidenta en este y varios otros ámbitos.

En rigor, los jefes de Estado rinden cuenta a la Nación de los avances del último año, aunque también son usados como una tribuna para enfatizar aspectos de lo que vendrá.

Es probable que buena parte de la lectura del mensaje esté más en las omisiones, que en lo explícito y eso genera, tanto críticas, como suspicacias. No se habló de la violencia en La Araucanía, o de desafíos más concretos en nuestra región.

Ello provoca sorpresa, o incomodidad, en la población que espera un detalle más directo de la principal autoridad de la Nación; dejando en claro que ello es potestad exclusiva de la Jefa de Estado.

Por ello es plausible sostener que se extrañaron comentarios y acciones respecto a los puntos citados.

No fueron los únicos. También resaltaron por su ausencia otros ligados a lo económico; aspectos en los que hay dificultades complejas, en materia de crecimiento, inversión y empleo. Chile tiene aquí problemas más graves de los que cita el gobierno y se requiere conocer medidas más concretas y no sólo meros comentarios.

Lo mismo con temas como el cambio de Constitución, o reforma laboral, materias que pueden determinar severamente el rumbo inmediato de la Nación. Las interrogantes siguen vivas. Por eso era clave tener señales más potentes de autoridad.

La Presidenta ha retrocedido en su respaldo y ello hacía más patente la urgencia de un mensaje que fuera tan categórico, como tranquilizador.

Con todo, es absolutamente clave que el país esté unido en estos tiempos complejos. No es el minuto para la crítica y el aplauso fácil, o el deseo de destrucción que muchos parecen sugerir. Chile tiene desafíos grandes por delante y sólo el consenso allanará lograr esos anhelados resultados.

Hay que decirlo claramente: En zonas rurales está prohibido lotear por menos de 5.000 metros (media Hectárea) con fines urbanos o habitacionales -aun bajo la forma de comunidades, condominios o arrendamientos- sin se verifique un cambio de uso de suelo o se cumplan ciertas condiciones que la ley establece. Las sanciones equivalen a multas del 200% del avalúo del predio dividido, duplicándose en caso de reincidencia.

El interés del Estado que subyace en esta disposición es la protección de dos valores muy simples: no afectar la aptitud agrícola del suelo rural y no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación regional, materias técnico-políticas entregadas a los Ministerios de Agricultura y de Vivienda, respectivamente.

En los predios de aptitud agrícola de Azapa, erróneamente se dividen derechos para su posterior loteo, combinación inaplicable en predios rurales, por existir expresa norma especial que prima sobre la general. Estos contratos adolecen de nulidad absoluta y -dependiendo del ánimo y el grado de conocimiento de los involucrados- podría constituir un fraude a la ley.

Azapa, patrimonio natural, ha costado muchos años en desarrollarse, en parte por esfuerzo privado de agricultores (grandes y pequeños) y en parte por una estrategia estatal que contempló la monumental construcción de un canal desde tierras altiplánicas hasta Arica. Era una época de obras públicas ejecutadas directamente por el Estado, sin concesionarios de por medio, y que son las que más han perdurado.

El buen empresario, a mi entender, es alguien que toma algo que no tiene valor y es capaz, con trabajo e inteligencia, de darle valor. Quizás por eso son criticados todos aquellos actos especulativos que no suponen ningún esfuerzo para su titular, proviniendo su lucro de la simple espera de decisiones de autoridad o, lo que es peor, del uso de información privilegiada.

La autoridad deberá paralizar y demoler las construcciones ilegales y, cuando la ley lo permita, regularizar u otorgar los permisos de cambio de uso, fijando una política social y cooperativa con los emprendimientos inteligentes, los que evitan la degradación de las pocas áreas verdes rurales que nos quedan y los aumenten en la zona urbana, para beneficio de los ariqueños.