A fines de junio vence el plazo para la recepción final de los parques de estacionamiento que se encuentran distribuidos en distintos puntos, especialmente del centro de Arica. Así lo adelantó el concejal Juan Carlos Chinga, quien se mostró particularmente interesado en una fiscalización celosa del cumplimiento de las disposiciones con las que deben regirse este tipo de establecimientos.

Chinga hizo pública su apreciación al respecto el pasado fin de semana, advirtiendo la falta de preocupación que existe en algunos de estos recintos no sólo por cumplir con lo que el municipio les ordena, sino que también, por entregar a los clientes y usuarios un servicio adecuado.

Se debe entender que la demanda de estacionamientos que existe en nuestra ciudad es muy amplia, dado el parque automotriz, que supera los 55 mil vehículos en la comuna, y el uso masivo que en general los vecinos hacen de los móviles. Esto configura la creación de un servicio indispensable como es el de los estacionamientos, pero a la vez, un negocio tremendamente lucrativo que en algunos casos, genera costos mínimos.

Es por eso que se entienden -y los automovilistas agradecen- las inversiones que se hacen en este sentido, más cuando estas soluciones propuestas por privados se han adelantado a propuestas del sector público para mejorar el problema de los estacionamientos, como ha ocurrido en otras comunas del país.

Sin embargo, la demanda planteada no justifica la irrupción de negocios que no cumplan con las disposiciones que el municipio se dispone a fiscalizar. Y más allá de eso, como también plantea el concejal ariqueño, algunos locales poco se esfuerzan por contribuir a hacer del centro de la ciudad un sector ordenado y atractivo en términos urbanos. Se limitan a hacer las inversiones mínimas.

Un escenario ideal para los estacionamientos es que además de entregar un espacio para aparcar con la correspondiente seguridad, puedan integrarse de manera moderna al entorno urbano, entregar más y mejores servicios y que su aporte vaya mucho más allá del legítimo negocio.

Consulta ciudadana es el mecanismo de participación que tienen las personas para recabar opiniones sobre un determinado planteamiento que la autoridad estime conveniente someter a consideración con el fin de convenir anhelos y aspiraciones por un camino armónico hacia el bien común.

El reciente acuerdo de los concejales de la Municipalidad de Arica para utilizar esta herramienta destinada a conciliar la futura ubicación del gran museo de la cultura Chinchorro fue muy bien recibida por organismos públicos, instituciones gremiales, parlamentarios y la comunidad organizada porque así se conocerá la visión de los ariqueños sobre un proyecto de más de 26 mil millones de pesos que está siendo desarrollado por la Universidad de Tarapacá luego de un convenio marco suscrito el 8 de septiembre del 2014 con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

La controversia surgió porque la Uta sugiere construirlo en el valle de Azapa, a 11 kilómetros de la ciudad, muy distante del hábitat costero de los Chinchorros conocidos hace 7 mil años como los más expertos pescadores. Hasta hoy este es el único punto discordante. Existe plena conciencia que la universidad es la entidad más idónea para asesorar con sus profesionales la edificación e integrar dentro del museo los laboratorios para las tareas de investigación con modernos estándares instrumentales y sistema de climatización preservando sin riesgos la adecuada conservación de las momias y su exhibición.

El gremio turístico tiene sólidos argumentos para oponerse a su emplazamiento lejos de la ciudad calificándolo de tener cierto carácter de egoísmo cultural porque obstaculiza la posibilidad ser visitado por escolares, ciudadanía y turistas de otras latitudes para empaparse con lo que será un patrimonio de la humanidad. Arica merece contar con un ícono arquitectónico dentro del sector urbano que la identifique mundialmente y la consulta ciudadana es muy acertada para escuchar el veredicto de sus habitantes.