"El año 2015 será el año de la Reforma en la Educación Superior", es una frase que se ha escuchado insistentemente durante los primeros meses de este año.

Naturalmente, los universitarios estamos un tanto impacientes, dado que vemos transcurrir el tiempo (ya estamos en el cuarto mes del año) y constatamos que la gran mayoría de los proyectos de ley que atañen al sistema universitario no están elaborados. Si bien es cierto que han existido instancias de consultas sobre diversos aspectos a quienes de una u otra manera les incumben los temas universitarios (principalmente al CRUCH, al CUECH y a la AUR) vemos también que aparecen de repente situaciones (como el impuesto al graduado) que producen en la ciudadanía una cierta inseguridad acerca del financiamiento de esta Reforma.

En ese contexto, un eje fundamental de la misma, a mi juicio, lo constituye la "gratuidad", entendida la gratuidad para los estudiantes, en una primera etapa, para el 70% de ellos en situación más vulnerable. Posteriormente la gratuidad será "universal" de tal manera que, al menos en las Universidades Estatales, todo el sistema será gratuito.

Todo esto dicho en forma simple y entendible, dado que la "minucia fina" respecto de sus consecuencias en el financiamiento para las instituciones de Educación Superior que se adscriban al modelo o para un alumno que exceda el tiempo de permanencia en la carrera que está estudiando, o si se cambia de carrera por razones de motivación o vocación, etc., aspectos colaterales a la gratuidad, deben ser analizados y acordados transparentemente tomando en cuenta las opiniones y legítimos intereses de quienes serán afectados (positiva o negativamente) por las medidas que se acuerden.

El gobierno llamó a los colegios particulares subvencionados y municipales a priorizar el uso de los textos escolares que entrega el Estado, en momentos en que vuelve la polémica por el alto costo que tienen estos libros que deben adquirirse en librerías, porque así lo exigen los establecimientos, argumentando que se trata de ediciones más completas.

El Estado hizo un gran esfuerzo para comprar 17 millones de textos, que fueron repartidos de forma gratuita y de muy buena calidad. Sin embargo, hay colegios que los rechazan, los dejan almacenados y piden a los padres que los compren en librerías.

Se recordará que hace unos días la Feria Chilena del Libro, una de las librerías más grandes del país, dio a conocer su decisión de no vender textos escolares en sus sucursales, porque son cada vez más caros, sin ninguna razón concreta, no están de acuerdo con las condiciones comerciales para la venta y porque "creemos en la entrega gratuita de los textos en todos los colegios de Chile".

Se estima que el mismo tipo de material tiene un costo para el Estado de alrededor de 1.400 pesos, mientras que en librerías las versiones publicadas por editoriales privadas alcanzan precios superiores a los 20.000 pesos. Según cálculos de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, un 64% de los gastos escolares que las familias deben afrontar proviene de los libros. Las editoriales plantean que sus libros son de calidad superior y que hay costos relativos a comercialización y distribución que es necesario cubrir.

Investigaciones periodísticas han determinado que los representantes comerciales de las editoriales ofrecen beneficios y establecen acuerdos con los directores de colegios, para que exijan al alumnado la compra de libros o que adquieran una marca específica de material. Cabe preguntarse si es ésta la mejor inversión posible de recursos en educación. Parece un despropósito este gasto anual por parte de las familias en textos escolares idénticos a los del año anterior y a los que regala el Estado, sobre todo en momentos en que se impugna el lucro en la educación.