El fiscal Sergio Moya, quien investiga eventuales ilegalidades en la tramitación y compra de un terreno por parte de la empresa de la nuera de la Presidente Michelle Bachelet, concurrió ayer al municipio de Machalí, donde incautó una serie de documentos relacionados con los sitios adquiridos por Caval en $6.500 millones.

El alcalde José Miguel Urrutia informó que los policías y el persecutor se llevaron planos de la zona, antecedentes sobre el frustrado cambio de plan regulador (que habría valorizado aún más el predio), informes pedidos por la compañía y boletas de los pagos por los documentos.

"La municipalidad no tiene nada que ocultar", dijo el jefe comunal UDI.

"El alcalde nos ha entregado gran cantidad de información (...) La diligencia fue exitosa", calificó Moya.

El fiscal se reunió el sábado con el ex abogado que tramitó el crédito para Caval, Sergio Bustos, que se concretó tras una reunión en noviembre del 2013 entre el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, y el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

Antes de ingresar a una audiencia de conciliación por una deuda de $200 millones, que según él mantiene la firma por su labor, Bustos y su abogado, Rodrigo Lillo, sostuvieron que de rebote les llegó un correo relacionado al caso y que fue enviado por un funcionario de Gobierno. Ambos se negaron a identificarlo y agregaron que el dato estaba en manos del fiscal.

Ayer también habló el actual secretario regional ministerial de Vivienda, Wilfredo Valdés, que como particular tasó en agosto del 2013 para el Banco Santander el terreno machalino.

El arquitecto aseguró que fue mandatado por la institución, y no por Caval; que como tasador obtuvo la información del predio y del sector desde el municipio, y no de la Seremi de la época; y que no sabía que cuando tuvo que asistir al lugar estaba relacionándose con uno de los socios de la compañía, Mauricio Valero.

"No conocía a esa persona", dijo a TVN. "Mi única relación con el caso es la desagradable coincidencia de haber sido el tasador", agregó a El Rancagüino.

Demanda

Sin acuerdo terminó la audiencia por la demanda laboral entre Caval y Sergio Bustos, que tramitó el préstamo para comprar el terreno en Machalí. El abogado estaba dispuesto a aceptar $160 millones de los $200 millones que dice que le deben, pero no hubo oferta. J