El caso PENTA ha hecho que muchos nos preguntemos sobre la clase de país (y de democracia) que estamos construyendo. Dejé de ser niño hace tiempo y sé que las campañas políticas cuestan dinero y, de hecho, he colaborado recolectando y aportando recursos para algunas. Pero nunca recibí dineros de una sociedad anónima ni me pidieron una boleta fraudulenta para reducir impuestos. En mi caso, quiénes aportaron lo hicieron con recursos personales y muchas veces de manera anónima. Vaya mi agradecimiento a ellos, también por su ética. No ignoro que el "modus operandi" de PENTA puede estar más generalizado de lo que sabemos, de manera que estimo que no tiene sentido apuntar sólo a un partido o sector. El problema es que quiénes cometen estos fraudes son dirigentes políticos, legisladores muchos de ellos, y ni pestañean para violar al menos tres leyes en un solo acto; la de Sociedades Anónimas cuando aceptan recursos que no son sólo de sus amigos del directorio, la Tributaria cuando entregan boletas ideológicamente falsas y la Electoral para gastar en las campañas más de lo que permite la ley.

Las ideas que surgen de este episodio son surrealistas. Aumentar el financiamiento público a los partidos, prohibir ciertas formas de financiamiento, son de las más absurdas que he escuchado. Lo cierto es que algunos dirigentes políticos no trepidan en hacer trampa y es público y notorio. Por ejemplo, todos hemos visto que algunas campañas políticas empiezan mucho tiempo antes del período legal, por lo que su financiamiento no puede ser legal.

La clave debieran ser los votantes, pero ya se sabe que "tienen mala memoria" o "no están muy interesados", es decir, somos tontos de solemnidad. De hecho en un reciente informe de EUI para la BBC se constata que en América Latina sólo hay dos democracias plenas, Uruguay y Costa Rica. También se describe cómo son las mejores democracias del mundo (Noruega, Suecia) y estamos muy lejos de ellos.

A mediados de mayo de 2014, antes de que hablara al país en el tradicional discurso de aquel mes, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que ponía fin al lucro, al copago y la selección en la educación. Un día después, el 22 de enero, la iniciativa entró a tramitación al Congreso Nacional, y finalmente, después de ocho meses de discusión, fue aprobada esta semana.

Se habla así del primer paso, o la primera parte del proceso de reforma educacional que encabeza el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que es una de las iniciativas más importantes propuestas para su administración. Una primera etapa que ya cumplió, pero que aún debe convencer respecto al gran objetivo que es mejorar la calidad de la educación y las oportunidades de manera universal.

Esto, porque en medio de la larga discusión que se dio en el parlamento y aún con la mayoría a su favor, el oficialismo protagonizó discusiones con opiniones, visiones, pareceres y posturas distintas frente al tema. La resolución de aspectos como la selección o el copago generaron debates intensos, como también la definición y sanciones al lucro.

También sigue bajo análisis el futuro de proyectos educativos tan tradicionales en el país como el Instituto Nacional, o lo representativo que puede ser la reforma respecto de las demandas estudiantiles, especialmente después que el ex dirigente y ahora diputado Gabriel Boric reconociera que se dio "un paso histórico, pero pudo ser mejor".

Fuera del ámbito legislativo, la reforma educacional sigue aún sin ser entendida claramente por la comunidad ni tampoco respaldada de manera mayoritaria. Otra tarea más que habla de la necesidad de informar y convencer al respecto.

Los hechos muestran claramente que el país no sólo sabe de la necesidad de una reforma educacional; también la necesita. Es por eso que en los próximos que se den en torno a la reforma educacional son fundamentales para que esta iniciativa no se quede sólo en un cambio respecto a la administración de la educación en el país, sino que termine ahondando en el desafío de fondo.