l Con cuatro personas detenidas, una chilena, una paraguaya y dos peruanos, terminó un operativo realizado en el control fronterizo Chacalluta.

Los sujetos fueron detenidos transportando un total de 10,7 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $214 millones.

La droga, equivalente a 21.420 dosis, fue detectada en dos operativos realizados con pocas horas de diferencia por personal de Aduanas y de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, apoyados por un equipo de rayos X que funciona en el complejo.

La droga estaba oculta al interior de dos bolsos y de una maleta, adaptados con doble fondo y una lámina rectangular cubierta con plástico.

Los detenidos quedaron a disposición del tribunal para su formalización por haber infringido la Ley 20.000 de drogas.

"Sin duda el trabajo coordinado entre la PDI con Aduana, ha fortalecido la barrera antidroga en la región", dijo el jefe de la Brigada Antinarcóticos Alex Schwarzenberg. J

En libertad pero formalizados por porte ilegal de armas de fuego, quedaron los hermanos Francisco y Juan Querquezana, los que fueron -en primera instancia- vinculados a la muerte de los carabineros del retén de Tacora, situación que fue descartada con las pericias realizadas por la PDI, a los armamentos incautados.

Ambos comuneros aymaras fueron formalizados ayer, en el Juzgado de Garantía, que estaba repleto de medios de prensa y, principalmente, asociaciones aymaras y familiares.

"Nosotros siempre dijimos que éramos inocentes. Estamos contentos de estar con nuestra familias y amigos del pueblo aymara", dijo Francisco Querquezana, minutos después de abandonar el tribunal.

APOYO

En calle General Lagos, las pancartas y la Wiphala (bandera aymara) flameaban, mientras familiares y amigos de los hermanos, los abrazaban y brindaban apoyo.

Ambos comuneros quedaron en libertad, pero a la espera del plazo de investigación, para determinar su responsabilidad en el porte ilegal de armas de fuego.

PERICIAS

Ambos fusiles fueron periciados por funcionarios de la PDI, junto a las balas calibre 22 encontradas por los carabineros del OS-9 en la casa de los comuneros, en el sector de Visviri.

Las pericias descartaron vinculación alguna con el homicidio de los carabineros de Tacora, hecho ocurrido el pasado 22 de enero.

La detención y la relación de los comuneros con el crimen de los uniformados, sembró molestia en la comunidad aymara, quienes criticaron el accionar de la justicia y el trato injusto hacia la etnia aymara y hacia sus costumbres y elementos culturales. J

l Andrés Jara, abogado particular, asumió imprevistamente la defensoría de los comuneros aymaras, en reemplazo del defensor público Sergio Zenteno.

El profesional dijo que, "como todos sabemos la Defensoría Penal dejó de representar a los comuneros. Los motivos son los conflictos públicos que han habido entre el pueblo aymara y la Defensoría, lo que se tradujo en una falta de confianza", dijo

Jara dijo que en la formalización quedó descartada la participación de los hermanos en los hechos ocurridos en Chislluma.

"Ellos fueron formalizados solamente por tenencia ilegal de armas", aclaró.

Andrés Jara dijo que la Fiscalía pasó a llevar los derechos de los comuneros, "por lo que más adelante se harán reclamaciones por ese punto", especificó.

También dijo que tras el plazo de investigación, se buscará la absolución de mis representados, por el porte ilegal de armas".

En este sentido el defensor explicó que, "es costumbre en esta zona y especialmente en el mundo aymara, el uso de armas para proteger a su ganado en el interior".

Finalmente agregó que ambos comuneros son personas de la tercera edad y con problemas físicos, "e incluso Francisco Querquezana nunca ha tenido un arma". J

l Pese al resultado de las pericias a las armas incautadas, y que derivaron en la libertad de los comuneros aymaras, el fiscal Mario Carrera, dijo que, "seguiremos con la investigación para aclarar los hechos".

El representante del Ministerio Público aclaró que se hicieron dos peritajes. "Lo primero era determinar si se trataba de armas de fuego y eso se estableció, por lo que ellos se encuentran formalizados e imputados por ese delito y que tiene un pena de hasta cinco años. Ahora en lo referido a las comparaciones, respecto de las municiones, éstas fueron negativas, es decir las armas y las municiones no corresponden a las encontradas en el sitio del suceso", aclaró.

Luego dijo que hay otros peritajes, como la prueba de ADN, "que se deben realizar para descartar definitivamente la participación en este delito".

Respecto a la investigación por el homicidio de los uniformados, el Fiscal Mario Carrera explicó que personal policial de Carabineros y la PDI aún se encuentran en el sitio del suceso.

"En el lugar del crimen se encontraron almohadas, frazadas, rastros de pelo y utensilios para comer que habrían sido utilizados por los autores y todo eso tiene que ser objeto de pericias", agregó. J