La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal, en favor de un interno del Centro Penitenciario de Acha, el que habría sido agredido por gendarmes al interior del recinto.

Anteriormente la Corte Suprema confirmó una sentencia previa, que dio pie a la denuncia.

El recurso de amparo se presentó bajo el programa de defensa penitenciaria de la Defensoría Regional.

El recurso fue presentado por el defensor Álvaro Jiménez, el que se basó en pruebas fotográficas, que presentó en la Corte de Apelaciones. Los hechos se remontan al 14 de diciembre pasado, cuando Gendarmería realizó un operativo de allanamiento en la cárcel de Acha. Ese día un interno fue golpeado con un elemento contundente, que le provocó una serie de hematomas en la espalda.

"Esto fue muy importante para la defensa, ya que a partir de un informe y a imágenes, pudimos acreditar que el interno efectivamente había sido agredido", dijo Jiménez.

GENDARMERÍA

Desde Gendarmería Regional se informó, a través de comunicado de prensa, que "como institución somos respetuosos del dictamen de la Corte de Apelaciones de Arica y de la Corte Suprema y por ende se tomarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por los máximos Tribunales de Justicia".

Además, precisaron que, "el propio interno, había presentado el mismo recurso de amparo, que llegó con posterioridad a la Corte de Apelaciones de Arica. Este mismo recurso debió responderse nuevamente por la administración penitenciaria y esta vez el interno expresó a través de una declaración que: "hoy debo señalar que me retracto de mis dichos y de la denuncia, puesto a que no he recibido ningún tipo de maltrato" y tengo plena conciencia que en lo que respecta a la obtención de beneficio intrapenitenciario y permanencia en el módulo laboral, se verán afectadas por la falta cometida el día en que me encontraron portando un teléfono celular". Por último, dijeron que "el proceso investigativo, determinó la nula responsabilidad administrativa por parte del personal de Gendarmería". J

l Una investigación dirigida por la Fiscalía de Arica permitió al Tribunal Oral condenar al empresario J.S.E., por su responsabilidad en el delito de declaración maliciosa de impuesto tras presentar en diversas oportunidades facturas falsificadas a través de las cuales recibió una mayor cantidad de dinero por concepto de devolución de impuestos.

Asimismo, se condenó a otras dos personas -entre ellos un funcionario municipal- quienes cumplían el rol de facilitar las facturas.

La Fiscalía logró probar los delitos, por lo que el empresario J.S.E (dueño de una ferretería), fue declarado culpable de declaración maliciosa de impuesto previsto en el Código Tributario, mientras que J.C.C (corredor de propiedades) y el funcionario municipal E.G.P., fueron condenados en calidad de autores de facilitación de este tipo de documentos tributarios falsos.

Los hechos quedaron al descubierto luego que el Servicio de Impuestos Internos detectara irregularidades en las declaraciones de impuestos a la venta y servicios de la empresa en varios meses del año 2010. La investigación estableció que J.S.E.,-en su calidad de representante legal- procedió a aumentar ilícitamente su crédito fiscal por impuestos al valor agregado mediante la contabilización y registro de facturas falsas, las que le fueron proporcionadas -previo pago de cerca de 11 millones de pesos- por J.C.C., y E.G.P.

En este sentido, la indagatoria del Fiscal Mario Carrera estableció que el empresario presentaba la declaración de impuestos con información falsa, lo que le permitía recibir un mayor monto por concepto de devolución, causando un perjuicio al Fisco de 51 millones de pesos. J