Mis millones se refieren a los titantos cientos de miles de millones ya anunciados en obras para esta costeña ciudad para que se materialice un hermoso y largo borde costero, es una aspiración de todo ciudadano que solo disponga de sus ojos, para disfrutar de un entorno bello y digno marco a nuestro mar. A quien no le va a gustar la noticia anunciada esta semana sobre la construcción de 4 nuevos parques con una inversión de casi 17 mil millones, y así podríamos llenar paginas y paginas de proyectos que no dudo que se llevaran a cabo con las platas del Estado, o sea de todos los chilenos

Yo sería el rey de los... si no quisiera que aquí se inviertan esos titantos y muchos más, pero eso no me quita el derecho a anticipar algunos peros, como por ejemplo todo está perfecto, el Estado será un buen proveedor de fondos para hacer cosas, y las hace, pero que a veces es una triste realidad que manos negras inducen a que no se las gane la mejor oferta y hasta más económica. Aún así , aunque no me gusta ,( y siempre que se hagan bien ), prefiero eso, a que las platitas retornen a las Tesorerías porque no se usaron en el tiempo fijado.

Claro que mi punto de mira no va a este lado tampoco, y este disparo fue solo de refilón. Creo sin lugar a dudas que toda obra, que pasará a ser un patrimonio de la ciudad, debe tener asegurada su debida futura mantención, y su presupuesto para ello. Nada sacamos en plantar árboles, si no se pueden regar, o para que se hace un sendero hacia las cuevas de Anzota, si la primera marejada lo borra todo, juegos infantiles destruidos por vándalos y curaditos y después no hay autoridad que tenga el poder ni la plata repararlas, entonces la mantención de cualquier obra debe estar incluida, asegurada y financiada en el proyecto y designado quien responde por ello. Además ya estaría bueno que se pene duramente, a quien las destruye ,deteriora o ensucia, al estilo de la sanción que se aplica en Perú a quienes dañan su patrimonio.

Los últimos detalles conocidos del caso Penta son irremediablemente uno de los puntos más bajos de la política chilena. Y, por cierto, vienen a revelar parte de los aspectos más oscuros del financiamiento de una actividad que día a día decae en su imagen pública.

Ese punto es clave. En general, existe una opacidad para definir de dónde vienen los financiamientos y qué se pide a cambio. Lo observamos en las campañas municipales, parlamentarias y presidenciales. Ha habido avances, pero aún insuficientes.

Continuamente vemos cómo los candidatos declaran mucho menos de lo que realmente gastan, lo que en la práctica es una mentira completa, es decir, se vulnera la ley que impone límites y se desconoce el origen de las inversiones recibidas.

Caso aparte es el de las empresas Penta. Resulta sorprendente la cantidad de recursos que entregan a campañas políticas. Hablamos de cifras multimillonarias.

Pero ciertamente no son los únicos.

El problema, más allá de las facturas falsas, según lo reconocido por el senador Iván Moreira, o el mea culpa, apuntado por el presidente del gremialismo, es el tipo de política que construimos en Chile. En definitiva, uno determinado por el poder del dinero y la capacidad de redes para construir un andamiaje que permita sustentar campañas que en general superan los cientos de millones de pesos.

Eso lo observamos en prácticamente cada temporada de elecciones por casi todos los candidatos parlamentarios y edilicios locales y nacionales.

En tal sentido, lo conocido y reconocido hasta hoy es preocupante, sobre todo por la exigencia que debemos tener especialmente con nuestras autoridades.

Considerando que muchas personas han perdido sus derechos ciudadanos por delitos de distinto tipo, algunos mucho menores que los conocidos, bien convendría preguntarse qué sanción o decisión correspondería para quienes han actuado de manera reñida con los marcos regulatorios, y peor aún con la fe pública.

¿Qué tipo de sanción es conveniente al tratarse de las principales autoridades del país?