Una fiscalización a 327 organismos públicos comprobó que más de un tercio de las solicitudes (37,3%) no logran ingresar o no son respondidas. La labor, realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), perseguía detectar las barreras que impiden que la ciudadanía acceda a la información pública.

Realizado entre el 21 de julio y el 19 de agosto del año pasado, el proceso abarcó a 32 subsecretarías;15 intendencias;15 gobiernos regionales;53 gobernaciones provinciales;15 Servicios de Vivienda y Urbanismo (SERVIU);29 servicios de salud;57 hospitales autogestionados;11 superintendenciasy 100 servicios públicos.

La revisión arrojó un nivel de cumplimiento general de 70,4%, el que según las autoridades del CPLT se ubica por sobre el de los municipios. Los gobiernos locales, en la primera medición de este tipo realizada por el CPLT, registraron 54,26% de promedio.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, dijo respecto de las cifras que "nuestro propósito es que todas las solicitudes sean debidamente atendidas, porque ese es el mandato legal y por cuanto detrás de cada solicitud hay una persona ejerciendo un derecho fundamental que debe ser garantizado. La razón de ese porcentaje de no ingresadas o sin respuesta deriva de que algunos organismos no han adoptado todos los procedimientos, resguardos y controles que eviten esta falta de atención. Cada servicio ha sido informado de estas falencias para que sean corregidas". El CPLT utilizó "usuarios simulados para enviar 327 solicitudes de información a las instituciones a través de sus sitios electrónicos. De ese total, 275 fueron ingresadas y 52 no lograron ingresar.

En una segunda etapa, 205 de las 275 solicitudes (74,5%) obtuvieron respuesta por parte del organismo. A cada institución se le hicieron preguntas para evaluar el cumplimiento de la norma vigente y de las buenas prácticas.

En los resultados, el mayor puntaje promedio de cumplimiento lo obtuvieron las gobernaciones provinciales (88,07%), seguidas de gobiernos regionales (81,84% y las intendencias (69,94%).

En la parte baja de cumplimiento, los peores puntajes fueron para las superintendencias (60,92%), servicios públicos (65,18%) y servicios de salud, con 74,20%.

En el caso de las superintendencias, cinco obtuvieron un puntaje de cumplimiento menor a 70% (Educación Escolar, Servicios Sanitarios, Seguridad Social, Casinos de Juego y del Medio Ambiente). J

l Argentina reiteró ayer su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas en la conmemoración del 182 aniversario de la ocupación británica del archipiélago ubicado en el Atlántico Sur.

"El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas, que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante", señaló un comunicado difundido ayer por la Cancillería argentina, citado por EFE.

"El Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional", continúa el texto.

El país trasandino rechazó lo que considera una "ilegítima ocupación colonial", que se ve "agravada por la provocativa y desafiante negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía como establece el mandato vigente de las Naciones Unidas".

"Al tiempo que perdura la ocupación ilegal de esa porción del territorio argentino, el Reino Unido continúa perpetrando actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en espacios marítimos argentinos ilegalmente ocupados, sumadas a su continuada presencia militar en el Atlántico Sur", afirmó la Cancillería.

Argentina reiteró "su permanente y sincera disposición" a negociar con el Reino Unido, "tal como lo reclama la comunidad internacional". J

l El diputado PS y ex presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, calificó de "desproporcionado" el rol de la Secretaría de Comunicación y Cultura de La Moneda en la salida de la ex ministra de Salud, Helia Molina, a quien defendió al afirmar que "dijo menos que otras autoridades". En declaraciones a radio Cooperativa, el parlamentario destacó que "nadie imaginaba que el aborto terapéutico volvería al tapete a través de la salida de la ministra de Salud". "La ministra dijo mucho menos de lo que han dicho otros políticos y autoridades", indicó Castro y agregó que "no sé por qué se actuó con tal fuerza desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, que yo creo que tuvo un rol desproporcionado, actuó con mucho poder". "La Presidenta estaba en el sur y se tomó una decisión muy en caliente, que creo que no contribuyó y que puede ser un boomerang a futuro", añadió el diputado. J