Lo que se inició hace un tiempo como una inquietud terminó convirtiéndose hoy en una molestia para muchos usuarios. Los problemas con los cajeros automáticos no sólo han motivado la discusión entre las autoridades y los bancos, sino que también ha dado pie a medidas que generan una serie de miradas y reflexiones.

Una de las iniciativas que puso en marcha el Gobierno antes del pasado fin de semana largo, fue la plataforma web Alerta Ciudadana, que fue creada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para fiscalizar el funcionamiento de los dispensadores, a partir de la experiencia de los usuarios. Fueron 980 quejas de 629 cajeros automáticos que estaban fuera de servicio o no tenían dinero disponible, las que recibió el portal en su debut.

Sin embargo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ha salido al paso no sólo de esta nueva alternativa que ha dispuesto el Sernac -a la que criticó cuando fue puesta en marcha- y además, ayer confirmó que la disponibilidad de estos equipos en pleno funcionamiento se mantiene por sobre el 90% y con una leve alza en noviembre.

Ante la discusión en torno a la seguridad y disponibilidad de los equipos, también el gobierno anunció la instalación de cajeros automáticos en 60 comisarías a lo largo del país, con el objetivo de hacer más accesible el retiro de dinero por parte de la población. Esta iniciativa generó opiniones dispares.

En una dirección está quienes entienden la oferta de tener dispensadores resguardados en sectores populosos, donde hay muy pocos o ninguno. Pero en otro sentido, hay quienes la interpretan también como un síntoma de la actividad delictiva, que ahora no sólo ha reducido la disponibilidad de los cajeros, sino que los terminó confinando a unidades policiales.

Toda esta discusión muestra lo importante que resulta para la ciudadanía el que los cajeros puedan operar, por una parte, pero también lo vital que resulta la seguridad tanto para estos equipos como para los usuarios, más cuando el pago electrónico aún no es una fórmula universal para realizar transacciones comerciales.

Estamos despidiendo el año y no se lograron concretar los profundos cambios que se esperaban para la Educación Superior, pese a la intención expresada en el programa de gobierno de darle un trato preferente a sus universidades. Este trato diferente (prefiero este término al de "preferente") esperaba verlo claramente establecido y fuertemente potenciado, es el presupuesto para la nación 2015 en la partida correspondiente a la Educación Superior.

Tanto el Presidente del CUECH, Rector Aldo Valle como el Vicepresidente del CRUCH, Rector Juan Zolezzi, han tenido iniciativas dignas de considerar seriamente y que darían una fuerte señal en la dirección de concretar este trato diferente.

Por ejemplo, la iniciativa del Vicepresidente del CRUCH, el Rector Zolezzi, propone que el estado se haga cargo del reajuste legal de los sueldos de los trabajadores de las universidades estatales y, en tal circunstancia, estas universidades pueden congelar realmente los aranceles de las carreras universitarias, es decir aumento cero en el monto de los aranceles que deben pagar nuestros estudiantes y sus familias.

¿Qué mejor medida podría implementarse con cierta celeridad, que conjuntamente llevara consigo un claro objetivo de aliviar la carga económica de nuestros estudiantes y sus familias y de nuestras universidades (por lo tanto, un trato diferente) y una muestra inequívoca de compromiso con la gratuidad en el mediano plazo?

Me parece que una propuesta de esta naturaleza es totalmente factible y de manera alguna afectaría al erario nacional y no cabría ninguna duda de una real voluntad política de cumplir con los compromisos adquiridos en el programa presidencial. Naturalmente que para implementarla se necesita una tremenda decisión política y una férrea cohesión del conglomerado oficialista en torno al programa que habían decidido apoyar.