l La fiscal regional, Javiera López, explicó que se trata de la filmación de una prueba anticipada que se rindió el 3 de diciembre del 2013 en el Tribunal de Garantía.

"Hoy (ayer) se verificó en el juicio la filmación (que) contenía un paréntesis de filmación a lo menos de 15 minutos. Eso tiene una explicación técnica, de hecho, la Fiscalía pidió una prueba especial. La declaración de un perito de Ciber Crimen, quien señaló que en este caso los archivos no fueron manipulados y que fueron volcados de manera correlativa, tal como se produce el procedimiento común y corriente y que por lo tanto, en ese sentido, no habría edición".

- Es un problema técnico, aparentemente, lo que señala el perito del Ciber Crimen. Desconozco el origen. Evidentemente como esto va a ser objeto de investigación tampoco quisiera referirme mucho al tema sin tener los conocimientos adecuados. Sí quedó claro por el perito que estas situaciones pueden producirse por problemas técnicos de la cámara por falta de batería o falta de memoria.

La fiscal señaló que solicitaron al tribunal reproducir el audio de la audiencia del 3 de diciembre entregado por el Tribunal de Garantía. "Nosotros tenemos esa prueba ofrecida tanto en filmación como en audio, por lo tanto vamos a querer reproducir el audio para efecto de que el Tribunal tenga la integridad de esa prueba a través del audio. Dicha prueba será presentada el próximo lunes. J

Hasta un oficio a la Fiscalía Nacional solicitó al Tribunal de Juicio Oral la defensa del ex capitán Leonardo Vílchez, para que se inicie una investigación por el material presentado por el Ministerio Público como prueba anticipada durante la audiencia del denominado caso OS7 donde están acusados, el ex jefe de esa unidad en Arica, mayor Víctor Rodríguez, además del ex capitán, el sargento Nelson Gavilán y F.V.F. (sobre el que existe prohibición del tribunal de entregar su identidad). También están acusados tres civiles.

La prueba presentada por la Fiscalía consistía en un video donde aparecía la declaración que rindió el 3 de diciembre del 2013 en el Tribunal de Garantía M.R.C, uno de los extranjeros que recuperó su libertad, por ser supuestamente detenido en medio de procedimientos irregulares de los ex uniformados.

En la audiencia se discutió que, en el video, la parte del interrogatorio de la defensa fue eliminada. De acuerdo a esto, el defensor penal público Alejandro Cox, quien representa al carabinero F.V.F. explicó que "en esta prueba anticipada, la defensa tenía la misión de contrastar la veracidad de la declaración, en el cual se había retractado de todo lo declarado ante la policía, y por ello se realizó el interrogatorio. Pero al exhibir la grabación de video de la prueba anticipada, me percaté de que no estaba integra, porque faltaban actuaciones que yo había realizado en esa audiencia, lo que advertí al tribunal, porque tampoco estaba seguro".

Frente a esto agrega, "más tarde revisé los audios y, efectivamente, faltaban 18 minutos del video, que correspondían justamente a la actuación del defensor para acreditar un hecho importante sobre la veracidad de las declaraciones del imputado. Y dado la prueba rendida, en ese video no fue grabado el tramo donde yo estuve o fue editado según el propio perito que presentó la Fiscalía".

La defensora penal pública Paola Sepúlveda (quien representa al ex mayor Nelson Gavilán), señaló que "al no haber estado algunos defensores en esa audiencia, porque todavía no asumían el patrocinio de poder o porque todavía no eran formalizados algunos imputados, si no hubiese sido porque el señor Cox estuvo presente y es quien personalmente hizo ese contra interrogatorio, esto no se habría podido saber".

denuncia

En tanto, Eduardo Riquelme, abogado defensor particular del ex capitán de Carabineros Leonardo Vílchez, hizo una denuncia en plena audiencia en virtud del artículo 207 del Código Penal que habla de la alteración de las pruebas, y solicitó que se oficiara al fiscal nacional dicha investigación.

"Nosotros creemos que esta es una situación que puede constituir un delito. Hay varios delitos que hacen referencia a la presentación en un proceso de pruebas adulteradas, y como el artículo 1 del Código Penal, donde señala que todas las acciones se reputan siempre voluntarias a no ser que conste lo contrario".

Recalca que, "entonces debe investigarse esta situación para ver si se ha configurado algún delito vinculado a la presentación de pruebas adulteradas en el proceso y dado que esto pudiese vincular la actuación de la fiscal regional, el tribunal ordenó que se oficiaría al Fiscal Nacional, para que este tome la medidas necesarias a fin de investigar esta situación y aplicar en este caso las sanciones que corresponden".

Según el abogado, las penas que la ley asigna a esta conducta pueden llegar hasta los 10 años de cárcel.

investigación

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad. J