Defensoría postula falencias en investigación de caso corrupción
Han pasado cerca de tres meses y medio desde el inicio del Juicio Oral sobre supuesta corrupción municipal de Arica, donde la Fiscalía prometió en su acusación que podría aportar con pruebas para condenar por 11 hechos distintos, a 17 personas naturales y a una persona jurídica. Transcurrido este tiempo, y habiendo presentado el Ministerio Público una parte importante de su prueba, defensores penales públicos insisten en que aún no se han podido demostrar los cargos de la acusación.
Así lo menciona, Raúl Gil, defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública, quien explica que, "habiendo ya declarado todos los funcionarios municipales ofrecidos por la Fiscalía, entre los que se cuentan encargados de control interno, múltiples personas involucradas en la ejecución de propuestas públicas y abogados, así como el Contralor Regional y los funcionarios de Contraloría, además de presentarse uno de los dos testigos de la PDI que se refieren a las escuchas telefónicas, no se ha dejado claro las acusaciones por parte de la Fiscalía. Al contrario, se ha demostrado la poca rigurosidad de la investigación".
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
El defensor Raúl Gil, además a cargo de la defensa de los imputados Arnaldo Salas y Enrique Orellana, cuestionó un audio reproducido por la Fiscalía, donde aparece una conversación de su representado, Salas -acusado por negociación incompatible, asociación ilícita y otros delitos- con el empresario Ruperto Ojeda, acusado por Cohecho.
En el audio, el testigo -Inspector de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI- asegura interpretar "le llevo los 5", a pesar de que los defensores presentaron 3 veces la escucha en la audiencia pública, donde aclararon que decía; "llego a las 5" de la tarde. "Nos dimos cuenta que el trabajo del testigo consistió en interceptar conversaciones telefónicas y seleccionar escuchas, pero su trabajo no consistió en tratar de corroborar o investigar lo que él deducía de las escuchas".
Agrega que "es más, su labor la realizaba en sus oficinas de Santiago y sólo con estos antecedentes pretende armar una historia, y sacar sus propias conclusiones, las que contrastadas con documentos, informes y otras pruebas del juicio, resultan carentes de veracidad".
Antonio Raveau, defensor que también cuestionó el audio y el cual lo exhibió en la audiencia, afirmó que "estos supuestos pagos no han sido corroborados más allá de estas escuchas, las que tienen un contexto que hace variar totalmente su sentido. El propio policía, Luis Navarrete, que analizó las escuchas, reconoció que éstas fueron su única fuente de información, debiendo hacerse, en nuestra opinión, una investigación más completa".
Por su parte, el defensor Hugo Peralta, a cargo de la defensa del ex concejal Javier Araya, y los fiscalizadores municipales Sergio Navarro y Manuel Terrazas, expresó que en relación a este último, "no hay escuchas telefónicas en las que participe el señor Terrazas. Un funcionario policial le atribuyó una escucha con el empresario Ruperto Ojeda, respecto de quién no tiene ningún vínculo. En el interrogatorio de la defensa se aclaró que no era el señor Terrazas quien participaba de esa conversación".
Respecto al acusado Sergio Navarro -último administrador del vertedero durante la propuesta pública que partió el año 2009-, el defensor Peralta aclara que el fiscalizador de la Contraloría Municipal, Raúl Arellano, señaló que el señor Navarro fiscalizaba mejor y descontaba más horas que el administrador anterior, y que "no hay ningún antecedente de que recibiera algún tipo de pagos del empresario, ni que estuviera coludido con éste. De hecho, en una escucha presentada queda claro que el empresario Jorge Frías no lo quería a él como administrador del vertedero".
CONCEJALES
De acuerdo a las escuchas que podrían afectar a los concejales acusados, María Teresa Becerra, Patricia Fernández, Eloy Zapata, y Marcela Palza, el defensor penal público a cargo de sus defensas, Gonzalo Valenzuela, expresó que, "el Ministerio Público solamente ha tratado a través de escuchas y de la interpretación de un sólo testigo, demostrar que mis representados recibieron dineros para votar de una u otra manera. En ese sentido, es importante recordar que estos concejales pertenecen a diferentes partidos políticos".
Según Valenzuela, esto es relevante ya que "por ejemplo, en el caso de doña María Teresa Becerra, a quien se le imputa un mayor grado de participación por haber sido mencionada en algunas escuchas, se aclaró que ella pertenece a un partido político opositor al del ex alcalde Sankán. De hecho, las escuchas confirmaron que ella misma intentó presentar una acusación por notable abandono de deberes para tratar de inhabilitar al alcalde". J