La conclusión a la que llegó la auditoría realizada al discutido Censo del año 2012 por parte del mismo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) es categórico: La medición sencillamente no permite elaborar proyecciones de población, marcos muestrales para encuestas futuras o generar información para áreas geográficas menores.

Si se toman en consideración los objetivos que tiene un estudio de población, claramente se puede inferir que éste no cumplió. Según Ximena Clark, directora del INE, ni siquiera se puede hablar de un 'censo'. Agregó que tampoco es posible usar esta actual base de datos para diseñar políticas públicas.

En general, uno de los principales problemas del estudio realizado en 2012 tiene relación con la omisión de la población. De acuerdo a la auditoría, ésta llega al 9,6% a nivel nacional. En regiones del norte este margen se hace mayor, incluso llegando a un 15,1% en el caso de Antofagasta, mientras que en Arica y Parinacota la cifra de habitantes no considerados sería de un 11%.

La omisión se transforma en una debilidad insoslayable, porque no permite conocer profundamente aspectos y datos que interesa que un censo entregue. Detalles respecto a edad, condiciones sociales, sexo, migración y otros similares quedan en una gran incógnita debido a que casi un 10% de la población nacional no está considerada o fue omitida. Porque aunque la población se puede conocer estadísticamente a través de proyecciones con información concreta -como inscripciones de nacimiento, las defunciones, entrega de cédulas de identidad y otras- no así los datos demográficos más concretos y específicos.

Hoy, se cierra el capítulo que buscaba corroborar e identificar los errores del proceso del año 2012.

Ahora, el país debe concentrarse en remediar este traspié para poder avanzar con pleno conocimiento, no sólo de cuántos somos, sino de quiénes somos y en qué condición nos encontramos.