El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su calidad de vicepresidente de la República, este fin de semana declaró que tiene plena confianza en la labor que está realizando el Ministerio Público, luego de la detención de tres presuntos involucrados en los atentados explosivos en las estaciones del metro Los Domínicos y Escuela Militar.

Junto con no descartar que estén planificando atentados de este tipo y que estén dispuestas a proceder con similar nivel de violencia, explicó que el Gobierno entregará todos los recursos y coordinaciones necesarias para que estos hechos que marcaron en los últimos días a nuestro país sean esclarecidos y no queden en la impunidad.

Es precisamente la necesidad de terminar con la sensación de impunidad que ronda en torno a casos como los recientes bombazos, los que presiona a realizar un trabajo exhaustivo tendiente a, como manifestó el titular de Interior, hacer que los involucrados "estén donde corresponde que es en la cárcel". El objetivo es claro y el principal desafío es el cómo. Es fácil pedir sanciones ejemplificadoras. Lo difícil ahora pasará por encontrar las suficientes pruebas para sancionar a los responsables de los atentados de acuerdo a la legislación vigente en materia de actos terroristas.

Peñailillo explicó que con cerca de 300 atentados explosivos e incendiarios durante casi una década, "aquí hay muchas más personas que podrían estar vinculadas". Sin embargo, las condenas y los resultados, no han sido precisamente "ejemplarizadores". Investigaciones fallidas y pruebas rechazadas hacen un llamado a la cautela y, sobre todo, a establecer fehacientemente los hechos que hoy se imputan y seguramente se imputarán en la medida que las pesquisas avancen sobre otros casos.

Todos estos aspectos hacen que hoy sea muy importante el contar con las pruebas que la Justicia requiere para ir terminando con esta sensación de impunidad que ha caracterizado los atentados incendiarios y explosivos de los últimos años. Será la principal tarea tanto del Ministerio Público, como del Gobierno.

Mensualmente se acumulan más de 20 mil kilos de desperdicios a lo largo de la carretera entre Arica y Lago Chungará ocasionado por el tránsito diario de más de 300 camiones bolivianos. La mayor preocupación es el daño ecológico que afecta al lago no navegable más alto del mundo con un impacto enfrentado solamente con operativos de limpieza cada tres meses a cargo de funcionarios públicos de reparticiones de la provincia de Parinacota apoyados por estudiantes, personal de Carabineros, Policía de Investigaciones y Ejército.

Se determinó que el origen de la suciedad proviene de transportistas del vecino país y al conocer el detalle de ellas corresponden mayoritariamente a envases de bebidas alcohólicas, envoltorios de plástico y restos de comidas diseminados a lo largo de la ruta siendo imposible su mitigación porque hasta el momento no existen disposiciones legales claras para castigar y aplicar multas ejemplarizadoras ni recursos económicos para destinar personal permanente en labores de vigilancia.

El problema más grave es la proliferación de micro basurales en las riberas del Lago Chungará junto al complejo fronterizo originado por consumo de alimentos por los conductores y acompañantes durante la espera para cruzar la frontera los que son adquiridos a un comerciante ambulante que expende todo tipo de comidas sin control sanitario ni medios para recuperar deshechos. El viento altiplánico esparce estas suciedades sobre las aguas poniendo en riesgo la vida de aves como ñandú o suri, perdiz de puna, flamenco chileno, guallata, yeco, tagua gigante, cóndor y pato jergón chico.

Anuncios para instalar contenedores y aumentar el control no pueden esperar y serán insuficientes mientras no se cree conciencia a través de una potente publicidad caminera al ingreso de Chile y a lo largo de esta vía internacional advirtiendo las sanciones a los infractores sorprendidos deteriorando la imagen de una importante ruta turística de nuestra región.