Siguen las repercusiones tras las impactantes imágenes reveladas esta semana por un canal de televisión, donde se exhibían fuertes golpizas de parte de personal de Gendarmería a un grupo de internos de la cárcel de Rancagua, tras una intento de evasión ocurrido en 2013.
Los hechos ocurrieron el 3 de agosto en la cárcel de Rancagua, cuando dos reos trataron de fugarse, pero fueron atrapados por los guardias del recinto. Las imágenes de las cámaras del penal muestran como los gendarmes hacen salir a varias decenas de reclusos de sus celdas, y los golpean con palos en los pasillos de los módulos. Después, según el video, los presos son agrupados en el patio, donde los gendarmes los siguen golpeando violentamente con patadas y bastones.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, condenó ayer las agresiones.
'Que una persona sea privada de su libertad por cometer un delito no es justificación para que sus derechos humanos sean violados', dijo Incalcaterra en un comunicado, donde además subrayó que el Estado debe hacerse cargo del bienestar e integridad de los reclusos, y pidió una investigación imparcial y efectiva de lo sucedido para que los responsables sean llevados ante la justicia. 'Es preocupante que a un año de lo sucedido, las autoridades pertinentes no hayan avanzado en determinar las responsabilidades materiales e institucionales en estos hechos', apuntó.
Tras recibir el miércoles una denuncia desde la Defensoría Regional de O'Higgins por las torturas ocurridas al interior de la cárcel rancaguina, ayer la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos Lorena Fries, visitó el recinto penal para conocer en terreno antecedentes del hecho.
En la instancia, que se prolongó por casi una hora, la abogada -en compañía del defensor regional Alberto Ortega- conversó con algunos de los condenados que fueron víctimas de apremios, a quienes les garantizó que no serán víctimas de represalias por parte de los gendarmes. En su mayoría, los reos temen recibir malos tratos luego que se hiciera pública la golpiza. La Fiscalía mantiene desformalizada la causa que hace un año abrió por presuntos apremios, luego que el propio jefe de Unidad del recinto penitenciario de entonces, coronel Sergio Alarcón Aravena, entregara todos los antecedentes al Ministerio Público para que investigara posibles delitos.
