Las declaraciones del ex alcalde Waldo Sankán y de los ex concejales Patricia Fernández, María Teresa Becerra y Marcela Palza han marcado los 11 días de juicio oral del denominado caso Corrupción Municipal. Según la Fiscalía las ex autoridades se habrían concertado para favorecer al empresario Jorge Frías. Fue así que con el objeto de asegurar los votos necesarios para la renovación del contrato de arriendo de maquinaria del Vertedero, junto con el ex concejal Javier Araya, y Waldo Sankán, habrían realizado diversas reuniones y contactos telefónicos con los ex concejales a efectos de instar a que votaran a favor de la renovación del contrato, el cual fue aprobado en febrero del 2012.

Según los testimonios de los concejales, lo que se estaba negociando en ese año, no era la aprobación del contrato sino la elección del alcalde suplente. Patricia Fernández al igual que Marcela Palza coincidieron que recibieron presiones del propio ex diputado Orlando Vargas para votar por el ex concejal Javier Araya, quien era independiente.

En su testimonio las ediles, expusieron que Araya no se merecía ser alcalde suplente, primero por no ser de la Concertación y segundo porque no llegó al concejo por votación popular sino por la renuncia de Orlando Vargas (PPD). También relataron al Tribunal que Araya era una persona poco confiable y creíble.

También renunció a su derecho de guardar silencio el ex alcalde Waldo Sankán, quien está acusado por la Fiscalía por siete delitos. En su declaración el ex jefe comunal quiso demostrar al Tribunal no tener ningún vínculo con el empresario Jorge Frías; puso como ejemplo la existencia de un peritaje de tráfico de llamadas, desde el 2009 hasta 2012; dijo que existieron más de 200 mil conversaciones y que solamente en una aparece hablando con Frías, la que habría durado menos de un minuto.

Ante esa aseveración (no tenía vinculo con Frías), el fiscal Carlos Eltit le consultó referente a las reuniones que se realizaban con la presencia del empresario. Sankán respondió que esas reuniones no eran citadas por él sino por el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, incluso recordó un episodio, 'una tercera persona le pidió a Abdala una reunión con Jorge Frías y la consigna era, si nos paga lo de Sovinca podemos salvar el Parque Centenario porque esos recursos lo vamos a inyectar a la construcción, esa era la consigna. Héctor Arancibia le dijo que no se podía', expuso Sankán.

Sankán está acusado por el delito de exacción ilegal. Según la investigación de la Fiscalía a principios del 2011, a través de su asesor Patricio Sanhueza, se acercaba a funcionarios municipales y supuestamente les decía que les iban a subir el sueldo a un millón 500 mil pesos, pero les exigían la suma de 500 mil de la remuneración mensual para Sankán o lo despedían.

'En la Municipalidad y en el Gobierno se cobran cuotas partidarias voluntarias por cierto para financiar las sedes y sus gastos. Cuando hay campaña se hacen colectas. Otra cosa es pedirle a un funcionario poco menos bajo amenaza como señala la acusación. Quien subió y equiparó los sueldos en 1 millón 500 mil pesos en Dideco fue Abdala', expuso Sankán.

La Fiscalía, pidió 36 años de cárcel para Sankán, quien esta acusado por asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos de corrupción. J

l Durante el juicio oral el Ministerio Público presentará, un total de 140 testigos , además de 12 peritos, cerca de 150 mil escuchas telefónicas y más de mil documentos, entre pericias contables y otros informes, medios de prueba con los cuales pretende acreditar cada uno de los ilícitos investigados.

Están acusados 17 personas, el ex alcalde Waldo Sankán, tres ex concejales, tres empresarios y funcionarios municipales. El caso está a cargo de los fiscales con dedicación exclusiva, la fiscal regional Javiera López, Carlos Eltit y Francisco Ganga. J

l El empresario Jorge Frías contrató un bufete de abogados de Santiago, encabezado por Vinko Fodich, quien fue jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior y jefe de la Fiscalía de Ñuñoa. Dicho abogado se asoció con Eduardo Riquelme, ex jefe de gabinete de Andrés Allamand mientras fue ministro de Defensa y con José Luis Andrés, ex defensor público de la zona sur de Santiago.

Defendieron a María del Pilar Álvarez, una de las integrantes de la secta Colliguay, y al arquero de la Universidad de Chile, Johny Herrera. J

l Uno de los hombres claves para el Ministerio Público es el empresario Jorge Frías, quien es considerado como el líder de la organización criminal al interior de la Municipalidad de Arica.

Según la investigación Frías arribó a la ciudad el año 2001 comenzando a realizar servicios en programas de erradicación de microvertederos y de emergencia para la Municipalidad de Arica , y desde esa fecha hasta el año 2004 tuvo contratos de adjudicación directa por períodos cortos mediante la empresa Asevertrans, recibiendo según la acusación como contra prestación cerca de 800 millones de pesos, a través de las propuestas públicas.

La investigación señala que durante esta época Frías creó vínculos y generó contactos con funcionarios municipales y que mantenía información privilegiada de las licitaciones antes de su publicación con la finalidad de asegurar la colaboración de los funcionarios, procedió a ofrecer dádivas y beneficios económicos a los mismos, a objeto de asegurar la votación favorable de los concejales cuando eran votadas materias ligadas a sus empresas.

Para José Luis Andrés, abogado particular de Jorge Frías, los 102 tomos de investigación del Ministerio Público contradicen los hechos. Para el abogado están sobre dimensionados y con una calificación jurídica exagerada.

'Que nos dice la Fiscalía, Jorge Frías autor de siete delitos; el líder de una asociación ilícita. Hoy en Chile los empresarios participan de las discusiones políticas, es bueno o malo es algo que no está en discusión. Mi representando intervino haciendo lobby no cohecho la diferencia es el pago, como he dicho tantas veces, prueba de pago no existe', sostuvo.

El empresario arriesga una pena de 51 años de presidio y está acusado por ocho delitos, la mayoría de corrupción pública. J