La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica revocó la resolución del Juzgado de Garantía y decretó legal el allanamiento realizado al cuartel de la sección OS7 de Arica. De esta manera, las diversas pruebas incautadas en ese recinto -como libros de guardia, documentos y pericias a computadores y teléfonos- serán incorporados al juicio oral, en el marco de la investigación que la Fiscalía sigue en contra de cuatro ex funcionarios de esa unidad y tres civiles por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico, asociación ilícita, falsificación instrumental e infracción al artículo 229 del Código Penal.

En julio pasado el juez de Garantía, Sergio Álvarez, estimó que las órdenes de entrada y registro y de incautación de las oficinas de la unidad policial (registrada el 25 de noviembre de 2013) no cumplieron con todas las formalidades exigidas por la ley y resolvió excluirlas del juicio oral. Sin embargo, tras los alegatos de la Fiscalía y las defensas, los ministros de la Corte de Apelaciones acogieron los argumentos del ente persecutor y establecieron que dichas pruebas sí pueden presentarse en el juicio, en conformidad a los artículos 77, 276 y 277 del Código Procesal Penal.

'Procesalmente hablando esta resolución indica que aquellas pruebas obtenidas y evidencia en general, como la testimonial, documental y material, recogidas del cuartel policial del OS7 se ajustó a las normas procesales que rigen este tipo de diligencias y por lo tanto esta diligencia es legal. Esto significa que todas las pruebas obtenidas desde dicho recinto pueden ser ofrecidas legalmente e incorporadas en el juicio', explicó Jorge Videla, asesor jurídico de la Fiscalía y quien alegó esta causa ante el Tribunal de Alzada de Arica.

El abogado agregó que 'los argumentos utilizados por la Fiscalía en la Corte de Apelaciones dieron cuenta que nos encontramos en una situación excepcional y que por lo mismo no se podía dar aviso previo de la realización de esta diligencia, toda vez que hacerlo ponía en serio riesgo el correcto desarrollo de la misma y así lo entendió el máximo tribunal de la región'.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.

La investigación determinó que desde julio del año pasado los funcionarios policiales se contactaron con F.A.Y., quien vivía en Santa Cruz (Bolivia) y con el que coordinaron la cantidad de droga, el sistema de transporte y los gastos operacionales del traslado, así como también captaron a las personas que posteriormente viajaron a Chile para recepcionar la mercancía. A ello se suma que actuaban sin la autorización de la Fiscalía y elaboraban partes policiales con antecedentes falsos.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía de Arica presentó acusación y pidió penas que en total suman 164 años de presidio para todos los acusados. J