En relación a la editorial publicada por su medio sobre la regulación de los tragamonedas ilegales, me permito hacer algunas precisiones.

Lo primero es remarcar que los juegos de azar, como son las tragamonedas, sólo pueden ser explotadas por los casinos en forma exclusiva y excluyente de acuerdo a lo estipulado en la ley N° 19.995 con el objetivo de proteger a la comunidad y la fe pública.

El funcionamiento de los tragamonedas ilegales, no considerada en la reglamentación correspondiente, es un fenómeno que se ha ido expandiendo a lo largo de todo el país, generando muchas externalidades negativas propias del juego ilegal, como delincuencia e inseguridad en cientos de barrios que han afectado al comercio establecido y a los vecinos. Por lo anterior es que hemos visto que algunas autoridades han debido actuar para proteger a la comunidad clausurando estos locales, reestableciendo de esta manera el cumplimiento a la normativa.

Por otra parte, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha confirmado lo establecido en la propia Ley de Casinos, en el sentido que la explotación de los juegos de azar es ilícita fuera de los recintos identificados en la ley, lo que también aplica para las denominadas máquinas de premio programado, que no son otra cosa que máquinas de azar y que han sido llamadas de esta forma en un nuevo intento por tergiversar la realidad.

La eliminación del juego ilegal es, finalmente, un beneficio para la ciudadanía que requiere de las autoridades el máximo celo en la protección de sus derechos.

Rodrigo Guiñez S.

gerente general

Asociación de Casinos de Juego

Nuevamente, tras la iniciativa parlamentaria de restricción de saleros en restaurantes, se puede constatar no tan solo un atentado a la libertad de elegir de las personas y, por ende, una falta de fe a sus capacidades y discernimiento, sino además la fatal arrogancia de nuestros legisladores en concebir que cada una de las personas en nuestro país no puede tomar decisiones por sí mismo.

Los legisladores, aquellos que nosotros le entregamos nuestra confianza a través del voto, no confían en la capacidad de elegir de sus representados, por lo cual, deciden 'lo mejor para nosotros', lo hicieron primero subiendo los impuestos y ahora restringiéndonos un elemento tan básico como la sal.

¿decidirán por nosotros en tema de educación, salud y el Chile del futuro? El peligro del Estado Regulador es que simplemente omite que la sociedad civil, la cual está compuesta por individuos, puede satisfacer sus propias necesidades.

Francisco Sánchez

Fundación para el progreso