La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de presentar excepciones preliminares para objetar la competencia de la Corte de La Haya en la demanda boliviana encontró esta semana un apoyo transversal en la esfera política. La determinación fue calificada de 'acertada', 'ajustada al derecho' y una 'clara señal' por ex cancilleres y parlamentarios de ambos bandos.

El abogado y analista internacional José Rodríguez Elizondo respalda la decisión de presentar excepciones preliminares. 'La rapidez de acción también vale en política internacional', sostiene.

- La apoyo por ser políticamente mejor que la de presentar las excepciones junto con la contramemoria.

- Para mí, el dilema real nunca fue de tipo procesal, sino estratégico. Antes de debatir cómo y cuándo presentar las excepciones, habría definido si nos sería aceptable un fallo de un tribunal incompetente, que vulnere nuestros tratados de fronteras e intervenga nuestra geografía. Visto así la presentación de excepciones preliminares, antes o después del 15 de julio, convalida un proceso que podría concluir con un fallo de ese tipo: uno que nos obligue a negociar una rectificación del tratado de 1904 con Bolivia, desconsiderando el Protocolo complementario del Tratado de 1929 con Perú y violando el deber de no intervención de la Carta de la ONU.

- La prefiero porque, en este tipo de conflictos, no debemos actuar como esos alumnos que estrujan el último segundo para entregar una prueba al profesor. La rapidez de reacción también vale en política internacional, entre otras razones porque restringe el espacio y el tiempo de un antagonista, en este caso Evo Morales. Su agresiva campaña comunicacional podrá parecernos antijurídica y lo es. Pero, no nos engañemos, ha tenido bastante eficacia política. De partida, cuenta con la simpatía de quienes, con visión simplista, creen que sólo se trata de ceder 'un poquito' de la mucha costa que tenemos. También cuenta con la simpatía de quienes nos consideran antipáticos, que no son pocos. A mayor abundamiento y aunque todavía parezca una revelación para los abogados cautelosos, los jueces de la CIJ no son adoradores del derecho vigente. Más bien se sienten llamados a crear un nuevo derecho internacional

- Se abre un subescenario procesal, con Bolivia como contraparte, a cuyo término los jueces deben dictaminar si ellos mismos son o no son competentes. Y no sólo eso. Como tienen la sartén por el mango, también pueden declarar que las excepciones presentadas no tienen un carácter exclusivamente preliminar. En este caso, el procedimiento normal se reanuda y las excepciones se mezclan con los temas de fondo, para resolverlas en el fallo final. Digámoslo más claro: la Corte puede dar a las excepciones que Chile presente antes del 15 de julio, el mismo tratamiento que si las presentara junto con la contramemoria. Nuestro arduo debate procesal, en tal caso, habría sido perfectamente inútil.

- Como toda burocracia compleja, la Corte es más proclive a ampliar su esfera de competencia que a restringirla. Por eso, dicen los expertos que no suele acoger las excepciones preliminares. En cuanto a los requisitos, quienes están en condiciones de responder son los abogados de nuestra defensa jurídica, pero la Corte impone la confidencialidad.

- Si es por creer, yo creo que existen distintas escuelas filosóficas del derecho. Creo que el derecho internacional es 'imperfecto'. Creo que los jueces de la Corte se sienten llamados a perfeccionarlo. Que los expertos extranjeros contratados prefieren litigar ante esos jueces. Que en todo proceso judicial existe la contingencia de ganancia o pérdida. Y que nuestra 'sólida posición jurídica' puede ser desconsiderada. Por creer todo eso, no soy partidario de actuar sobre la base de creencias jurídicas en materia de soberanía e integridad territorial. Parto de la base de que la defensa estratégica de los valores y activos supremos de la nación es un tema del liderazgo político y diplomático del Estado.

- Debieran poner sus barbas en remojo, pues socavaría la base de certeza jurídica que inspiró la creación de la propia ONU. Dado que cualquier frontera nacional puede ser estimada injusta, cualquier gobierno podría intentar rectificarla recurriendo a la Corte. J