Después del cuarto día de la audiencia de preparación de juicio oral del denominado caso OS-7, el magistrado Sergio Álvarez, rechazando la solicitud de las defensas, resolvió mantener como prueba de la Fiscalía para su posterior incorporación al juicio oral, los cuatro partes elaborados por los funcionarios policiales, los cuales dan cuenta de las dos incautaciones de droga y que la Fiscalía considera falsos.
La defensa del ex jefe de la OS-7, mayor Víctor Rodríguez, el abogado Alejandro Peña, solicitó la exclusión de dichos partes policiales. Sin embargo, los argumentos de la Fiscalía en el sentido que constituyen una prueba obtenida y ofrecida de conformidad al marco legal respectivo, sumado al hecho que son los documentos que contienen la falsedad instrumental imputada en la acusación, entre otros delitos, permitió que el magistrado accediera a que se presentaran en el juicio oral.
El vocero del Ministerio Público, Jorge Videla, explicó que, en concepto de la Fiscalía, 'las afirmaciones plasmadas en los respectivos partes policiales no son concordantes con lo que realmente estaba y había ocurrido, así se informa en esos documentos hechos distantes de la verdad y otros, derechamente omisos, situación que permite afirmar que los referidos instrumentos, según constata ésta investigación, son falsos', sostuvo.
A esto hay que agregar que el tribunal accedió a incorporar como medio de prueba los teléfonos celulares incautados al ex capitán Leonardo Vílchez y al ex sargento Nelson Gavilán al momento de ser detenidos en el Tribunal de Juicio Oral por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuando estaban declarando en otra causa.
El jueves, el magistrado Álvarez estimó que las órdenes de entrada y registro y de incautación de las oficinas del OS-7 de Carabineros, realizadas en noviembre del año pasado como parte de la investigación por dos decomisos de droga, no cumplieron con todas las formalidades exigidas por la ley. Por tal motivo, el Tribunal determinó que se excluyeran todas las pruebas que están relacionadas con el procedimiento, como documentación y pericias de los computadores y celulares, además de recibos de dinero.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
Asimismo, la indagatoria estableció la elaboración de supuestos partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.
La investigación determinó que desde julio del año pasado los funcionarios policiales se contactaron con F.A.Y., quien vivía en Santa Cruz (Bolivia) y con el que coordinaron la cantidad de droga, el sistema de transporte y los gastos operacionales del traslado, así como también captaron a las personas que posteriormente viajaron a Chile para recepcionar la mercancía.
A ello se suma que actuaban sin la autorización de la Fiscalía y habrían elaborado partes policiales con antecedentes falsos.
El primero de los procedimientos policiales investigados se registró el 5 de agosto de 2013 y el segundo, el 9 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana. J
