El Tribunal de Garantía, al declarar ilegal el allanamiento del cuartel de la OS-7 de Carabineros, registrado el 25 de noviembre del año pasado, motivó que en el cuarto día de la audiencia de preparación de juicio oral quedaran excluidas varias pruebas presentadas por la Fiscalía para acreditar los delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas.
'El Tribunal excluyó parte de la prueba documental, evidencia material, peritajes y todos los antecedentes incautados durante el día del allanamiento, eso también desencadenó que se excluyera las pericias de los computadores y teléfonos celulares', contó Esteban Basaure, abogado de uno de los civiles. Agregó que también se excluyeron recibos de dinero.
Para Eduardo Riquelme, abogado del capitán Leonardo Vílchez, este nuevo escenario como defensa les favorece, a pesar que es una resolución que aún no está ejecutoriada, porque el Ministerio Público puede apelar al finalizar la audiencia de preparación de juicio oral.
Asimismo, dijo que durante estos días se ha podido demostrar que no se está al frente de un delito sino de una eventual irregularidad en el procedimiento de naturaleza administrativa, según comentó.
'Creemos que va quedando bastante claro que una cosa puede ser alguna eventual falta administrativa y otra muy distinta es ser autor de tráfico de drogas. Todo lo que hicieron los carabineros acusados fue impedir que la droga llegara a la ciudadanía, siendo incautada, destruida y los traficantes detenidos', sostuvo Riquelme.
Por su parte, Jorge Videla, asesor jurídico y vocero de la Fiscalía señaló que 'hoy se concluyó con la secuencia de algunas solicitudes de exclusión de pruebas por parte de las defensas de los dos oficiales. Entendemos que todas las solicitudes de exclusión vinculadas a garantías fundamentales ya se agotó y lo que queda ahora dice relación con la parte documental, testimonial y ofrecimiento de pruebas por parte de las mismas defensas. La contabilización final de las evidencias que se incluirán en el juicio oral la haremos al término de la audiencia, toda vez que para la Fiscalía aún queda mucha prueba por debatir. Esta ha sido una investigación bastante rigurosa y metódica, que nos ha permitido tener la convicción en el sentido que todos los acusados tienen participación directa en los delitos imputados', sostuvo Videla.
Hoy continúa la audiencia y quedó pendiente la discusión de la incautación de los teléfonos celulares del jefe de la OS-7, mayor Víctor Rodríguez y del sargento Nelson Gavilán, que fueron incautados en el momento que fueron detenidos al interior del Tribunal Oral en lo Penal, cuando los acusados estaban declarando como testigos en otro juicio. 'La PDI, los detuvo y les incautó los teléfonos celulares, pero se autorizó que las detenciones y las incautaciones se realizaran en sus domicilios, no en un lugar público', planteó Basaure. J
