Una querella en contra de quienes resulten responsables de entregar recursos a instituciones que no rindieron el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) presentará mañana ante la Fiscalía el consejero regional Mauricio Paredes (PS), quien dijo que hasta la fecha existen casi 3 mil millones de pesos que están sin rendir.

'¿Quién permitió que esas personas se adjudicaran dos veces o más proyectos sin que rindieran el primero?, eso es lo grave. Frente a esos hechos mañana voy a poner a disposición todos estos antecedentes a la Fiscalía. Será la justicia quien tendrá que determinar si hay hechos constitutivos de delitos o no', sostuvo Paredes.

Asimismo, dijo que no se debe permitir que los recursos se sigan perdiendo, habiendo tanta gente que año tras año lucha por obtener un beneficio del Estado y no pueden, porque sus proyectos no salen bien evaluados. 'Tenemos aquí personas que están encargadas de evaluar proyectos, teniendo conocimiento que deben otros anteriores y les siguieron entregando más recursos, infringiendo la Ley de Presupuestos', denunció el core.

- Definitivamente fue por el apuro que tuvo el ex Consejo Regional para aprobar estos recursos antes de dejar el cargo. No me cabe la menor duda que la Dacog (División de Análisis y Control de Gestión) anterior está involucrada en estos hechos de una u otra forma, porque ellos saben que de alguna otra forma es ilegal entregar recursos a una institución que ya debe una rendición. Si ellos lo hicieron, tendrán sus motivos. Será la investigación la que arrojará por qué lo hicieron.

Paredes explicó que esta situación quedó al descubierto por una denuncia que realizó este año la actualjefa de División de Análisis y Control del Gobierno Regional, Marta Meza, quien realizó una fiscalización de los recursos que se entregaron desde el 2008 hasta el 2014. Detectando que de un total de 603 proyectos asignados en virtud del 2% del FNDR entre 2010 y 2013, sólo 302 tuvieron una debida rendición de gastos. Agregó que los valores de los proyectos van de un millón hasta 30 millones de pesos.

En su oportunidad, Marta Meza comentó que el 2011, la anterior directora de la Dacog envió informes al asesor jurídico, informando la morosidad de las instituciones, pero no se realizó ninguna gestión de cobro. 'Cuando llegué, nadie me informó que había morosidad y rendiciones pendientes', planteó.

Una de las primeras medidas que instruyó el Gobierno Regional fue cursar dos sumarios administrativos para identificar las supuestas responsabilidades de los funcionarios que no habrían cumplido plenamente con sus funciones.

La Dacog hizo un llamando a que todas las organizaciones con deuda pendiente regularicen su situación a la brevedad o arriesgan que sus antecedentes sean derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE). J

l Para coordinar acciones en conjunto y potenciar una alianza en el trabajo con las diversas municipalidades de la región, el Instituto de Previsión Social realizó una jornada de capacitación en temas relacionados con los beneficios previsionales y sociales, de tal manera de agilizar los trámites y despejar dudas a los ciudadanos, especialmente a quienes residen en las localidades rurales y zonas alejadas.

En este caso, los funcionarios de Dideco de Arica, General Lagos, Camarones y Putre recibieron el conocimiento y las herramientas respectivas para dar a conocer a la comunidad los programas sociales que van en directo apoyo a los habitantes de la región. J

l En la temporada 2013-2014, quince agricultores de la provincia de Arica recibieron indemnizaciones por algún daño en sus cultivos, producto de que tomaron un seguro agrícola a través de Indap.

Jorge Torres, director regional, detalló que el seguro entregó a los agricultores de Lluta y Azapa indemnizaciones por $38 millones 192 mil.

Entre los cultivos indemnizados, se encuentran el tomate, pimiento y maíz, para eventos como heladas, viento perjudicial y lluvia excesiva o extemporánea.

En el caso del aseguramiento de 1 hectárea de tomate conducido, con un rendimiento de 120 toneladas por hectárea en Azapa, con el subsidio del Comité de Seguro Agrícola (Comsa) y el Programa Especial de Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola (Pacsa) de Indap, el agricultor asegurado sólo pagará de manera final por la cobertura 141 mil 856 pesos con IVA y 14 mil 788 pesos sin IVA por la cobertura. J