Para efectos de ocultar su identidad, dijo que la llamáramos 'Zafiro'.

En junio del año pasado, la joven de 23 años, tacneña de nacimiento, dijo ser contactada por una amiga de una amiga de una tía de una prima; tal cual. ¿La razón? Atender un local de Arica 'entre bar, restaurante y otro giro social'.

La oferta era de 580 mil pesos más propina, o sea más del doble de lo que ganaba como ayudante de cocina entre un restaurante campestre de Pocollay y un puesto de venta de jugos al interior del Mercado Central.

Por lo mismo 'Zafiro', quien alcanzó a terminar su educación secundaria, emprendió rumbo y llegó el 27 de julio a Arica, específicamente hasta calle O´Higgins, donde si bien comenzó vendiendo bebidas al interior de esta especie de residencial, luego de se enteró que debía hacer trabajos mucho más subidos de tono para lo que ella se imaginaba. 'Acepté. Acepté varias veces, así que en parte no le echo la culpa a quien me trajo, porque esta señito (señora) me trató súper bien, pero el problema se fue dando con los pagos. En un principio me dijo que las platas llegaban de acuerdo a cómo estaban los clientes, pero pasó que nos amanecíamos con los clientes y a fin de mes no veíamos ni un peso'.

La historia es real y le ocurrió a esta joven a quien, traduciendo todo lo que dijo anteriormente, la contactó en Tacna una persona conocida para ofrecerle trabajar en un local ariqueño similar al restaurante donde lo hacía, pero que después se fue transformando en un café con piernas y poco a poco se convirtió en prostíbulo clandestino.

Si bien el caso particular intentó ser una denuncia, ésta nunca se estampó, pero fácilmente ahora hubiese estado archivada como antecedente de lo que quedó al descubierto el jueves 5 de este mes, luego de una investigación dirigida por la Fiscalía de Arica y Parinacota tras recibir denuncias de la Policía Nacional de Perú, que finalmente logró la detención de una cuatro ciudadanas extranjeras por el delito de 'promover o facilitar la entrada o salida de personas del país para fines de prostitución', según el Ministerio Público.

En este sentido, durante el presente año la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ha investigado un total de 16 casos vinculados entre trata de personas y tráfico de migrantes, registrando en cuatro de ellas una sentencia condenatoria.

El resto de las indagatorias se encuentran formalizadas y vigentes con diligencias en curso.

Por lo mismo la fiscal regional Javiera López reveló que en el marco de los criterios de persecución penal, este tipo de delitos constituyen una prioridad para el Ministerio Público del extremo norte, con el propósito de desarticular organizaciones dedicadas a estos hechos.

'Para la Fiscalía de Chile, y particularmente para esta Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, al ser una zona limítrofe, este tipo de hechos revisten una preocupación estratégica. Por lo mismo nuestra institución ya asumió el compromiso de perseguir con fuerza estos delitos', explica en primera instancia.

'Nuestra región tiene una calidad de zona fronteriza y ello nos obliga a poner todo nuestro esfuerzo en la persecución de estos graves delitos que atentan, entre otras cosas, contra la dignidad humana, ya que se aprovechan de personas en situación de vulnerabilidad', agrega.

La autoridad añade que este tipo de delitos 'conlleva muchas veces a la delincuencia organizada transnacional y prácticas atentatorias a los derechos humanos y que por ello se necesita de un trabajo mancomunado entre diversas instituciones para enfrentarlo adecuadamente'.

En este contexto, sólo el año 2012 la Fiscalía de Arica logró la primera condena obtenida en el país por el delito de tráfico de migrantes y asociación ilícita para el tráfico de migrantes en contra de una organización que ingresaba clandestinamente a extranjeros a Chile con fines laborales.

Asimismo, el año pasado se logró condenar a la pena de 3 años y al pago de una multa a un ex funcionario público, quien facilitaba el ingreso clandestino de mujeres de nacionalidad peruana con fines de explotación sexual.

A ello se suma la condena de 540 días de presidio en contra de un ciudadano extranjero como autor del delito de tráfico de migrantes, tras intentar ingresar ilegalmente a Chile a un grupo de 10 ciudadanos ecuatorianos.

El Tribunal de Juicio Oral condenó a la pena de 540 días de presidio a Marco Antonio Rentería Valencia, quien fue acusado por la Fiscalía de Arica como autor del delito de tráfico de migrantes, luego de intentar ingresar ilegalmente a Chile a un grupo de 10 ciudadanos ecuatorianos.

Entre la noche del miércoles 5 de junio y la mañana del jueves 6, policías de la Brigada de Trata de Personas de la PDI (Bitrap) allanó dos prostíbulos clandestinos en calle Soldado Cou, de la Población Raúl Silva Henríquez, y O'Higgins, del sector céntrico de Arica, respectivamente.

En el primero de ellos, los policías detuvieron a Marcelina Gómez Quispe, propietaria del otro local donde se ofrecían servicios sexuales -ubicado en el pasaje Soldado Cou de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez y que aparentaba ser una hostal- y a Yumy Gutiérrez Claros quien manejaba el negocio.

En tanto en el segundo, de calle O'Higgins, cercqa del mediodía los funcionarios lograron la detención de las ciudadanas peruanas Elizabeth Roque Viracocha y Julissa Oscco Mamani, siendo la primera de ellas la propietaria de uno de los inmuebles utilizados como prostíbulos, ubicado en calle O'Higgins, mientras que su compatriota era quien se encargaba de contratar los avisos en diarios de Tacna y posteriormente ir a buscar a las jóvenes contactadas.

Al interior de los inmuebles alojaban un total de cinco jóvenes de nacionalidad peruana y una colombiana, quienes ejercían el comercio sexual tras ser captadas a través de estos avisos en los diarios.

Las cuatro detenidas fueron formalizadas en ese entonces por el Fiscal Rodrigo Benitt en calidad de autores del delito de trata de personas con fines de prostitución, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, además se otorgó un plazo de 80 días para la investigación.

Menos de un mes antes del caso anterior, específicamente el 13 de mayo de este año, Félix Fernando Corozo Cortez fue formalizado como autor del delito de tráfico de migrantes, tras haber ingresado clandestinamente a Chile a siete personas de nacionalidad colombiana.

El extranjero fue detenido en la madrugada por personal de Extranjería de la PDI tras cruzar e ingresar a Chile por pasos no habilitados en la frontera con Perú.

De acuerdo a los antecedentes expuestos por el fiscal Luis Soriano, 'el hecho quedó al descubierto cuando personal policial detectó a Corozo Cortez caminando en compañía de otras siete personas por las inmediaciones del borde costero cercano a la frontera'.

Esa vez Soriano explicó que diligencias de investigación permitieron establecer que el extranjero contactó a siete ciudadanos colombianos en las inmediaciones del terminal internacional de Tacna, a quienes cobró la suma de 100 dólares a cada uno por ingresarlos clandestinamente a nuestro país.

Para ello fueron trasladados en dos taxis hasta las cercanías del control fronterizo peruano de Santa Rosa y a partir de ese punto caminaron en dirección a Chile ingresando por pasos no habilitados por el borde costero.

En todo caso el ciudadano peruano ya mantenía antecedentes similares, ya que desde marzo pasado existía otra investigación por el mismo delito de tráfico de migrantes y que el imputado además registrada una orden vigente de expulsión del país. J