Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República en el funcionamiento de la Piscina Olímpica, administrada por la Municipalidad de Arica bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Entre las más graves figura que el recinto no cuenta con autorización sanitaria.
La investigación se inició tras varias denuncias, que daban a conocer la falta de rendiciones de cuenta por parte de la directiva de la Asociación de Natación de Arica, los años 2012 y 2013. También denunciaron eventuales incumplimientos de contratos de trabajo y presuntas percepciones monetarias indebidas por clases de natación gratuitas y que además existían instructores de natación que no contarían con la certificación para salvavidas. Sobre este último punto, la Contraloría constató que un funcionario que fue contratado como salvavidas por el municipio desde el 2 de diciembre de 2013, mantiene su tarjeta de identidad profesional vencida desde el 30 de noviembre de 2009.
La investigación incluyó la denuncia de que la piscina estaba funcionando con aguas estancadas, porque no se realizaba una adecuada mantención, debido al mal estado de los motores y filtros.
Sobre el tema, la Secretaría Regional Ministerial de Salud informó, mediante ordinario N°249, de 27 de febrero de 2014, que durante el 2013 se cursó una multa de 40 UTM (1 millón 680 mil pesos) a la Municipalidad como consecuencia de un sumario sanitario. El informe indicó que posteriormente entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014 esa entidad efectuó 2 análisis al agua, dando como resultado que se encuentra conforme a la normativa.
La Contraloría detectó que la piscina, tampoco cuenta con un reglamento interno que norme los procesos que involucran su funcionamiento, además tampoco existen actos administrativos que aprueben los calendarios de actividades que se realizan al interior del recinto.
Además no existe un registro de los organismos que requieren hacer uso de la piscina, solo se solicita de forma verbal, sin dejar documentado tal permiso. También hay incumplimiento respecto al uso del recinto y a los horarios establecidos en el calendario vigente durante el mes de marzo.
Tampoco se tiene un registro de entradas y salidas de materiales sacados desde las bodegas de la piscina hacia otras dependencias. Respecto al tema de los contratos, la municipalidad no acreditó la existencia de los decretos alcaldicios que aprueben 14 contratos de trabajo, bajo la modalidad del Código del Trabajo.
Además, se constató horarios incompatible del funcionario Alejandro Contreras, instructor de saltos ornamentales, por encontrarse contratado por el municipio y al mismo tiempo por el Instituto Nacional de Deportes IND.
La Contraloría instruyó a la municipalidad un sumario administrativo y tiene un plazo hasta el 5 de septiembre corregir las observaciones. J
