El año 2000 había un 14,3% de jóvenes, de 18 a 24 años, que asistía a la educación superior. Una década después, la cifra de cobertura alcanzó al 33,6%.

Chile tenía en los estratos bajos un porcentaje de cobertura de 51,6% a los cinco años de edad, y en 2010 subió al 89,7%.

Este es uno de los datos más interesantes del documento elaborado por Margarita Pogg, directora de la sede regional Buenos Aires del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco, el cual concluye que Chile es el país de América Latina que más subió en cobertura en educación superior en 10 años.

La cifra no es ninguna sorpresa y habla bien de lo que hemos conseguido como país: ofrecer más alternativas, ofreciendo más oportunidades, gracias a una ampliación de la oferta y el subsidio a la demanda, por medio de becas y créditos.

No obstante, esos éxitos hoy no parecen suficientes para una sociedad más exigente y empoderada, más conscientes de los problemas anexos indeseados de este crecimiento y de la forma en que el Estado aborda hasta hoy la educación.

La misma no puede ser concebida como un objeto de consumo y, por lo mismo, era razonable una censura a las altas tasas cobradas por los bancos.

Si hablamos que la educación es el futuro de la sociedad chilena, la lógica nos indicaría que el Estado es el principal responsable de invertir en esta área.

Cuestiones como ésta pueden ser los fundamentos para entender una sociedad más compleja, heterogénea y desprejuiciada y no cabe duda que el grueso de la población así lo entiende. Lo interesante es que entendiendo el fondo del problema de la educación (por lo pronto, un mejor acceso y mayor calidad), aún no quede claro que el remedio ofrecido sea el más efectivo para corregir el fenómeno.

Es bueno que el debate se haga sin urgencias y no destruyendo lo que funciona bien.

No resulta recomendable que las ideologías primen en cuestiones tan fundamentales.