Falta de fiscalización por parte de los inspectores técnicos de obras (ITOS), el no cobro de multas, no respetar el convenio para la pista atlética y autorizar el uso de la cancha N°1 fueron algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría Regional en el contrato 'Mejoramiento Estadio Carlos Dittborn etapa II, efectuada por la Municipalidad de Arica'.

Dicho informe N°3 de 2014 señala que el convenio determinó al Gobierno Regional como 'el mandante' y a la Municipalidad de Arica como la 'unidad técnica' en la ejecución del proyecto, financiado por el FNDR.

Del mismo modo, se nombró a la municipalidad como la responsable de la supervisión técnica y administrativa del contrato, el que comprende los procesos de licitación adjudicación, inspección y recepción de las obras ejecutadas.

La investigación estableció que los estados de pago de avance fueron efectuados por el Gobierno Regional, pero la municipalidad no contaba con información respecto a la fecha o si éstos se realizaron al contratista. El 13 de abril de 2013, el alcalde Salvador Urrutia solicitó al intendente José Durana copia de ellos, sin embargo, a la fecha de la fiscalización, no obtuvo respuesta, según lo indicado por el inspector técnico de la obra, mediante correo electrónico del 19 de junio del 2013.

El informe explica que el proyecto se adjudicó en dos etapas, realizándose una licitación en cada una de ellas. La municipalidad otorgó la responsabilidad de ejecutar el proyecto a la empresa constructora BCF, que contrató los servicios de la oficina de arquitectura Judson & Olivos arquitectos LTDA.

La obra comenzó el 13 de febrero del 2010 y se contempló la ejecución de la base asfáltica de la pista atlética del estadio, que debía contemplar su ampliación, con el fin de dar cabida a ocho carriles, considerando para ello el estudio de la reubicación de graderías y cancha, en caso de ser necesario, para considerar las medidas y normas olímpicas.

En tanto, la segunda licitación fue entregada a la Dirección de Obras Municipales y los antecedentes técnicos adjuntos en el proceso, indicaban que se debía considerar además la demarcación, trazado y otros, los que debían cumplir con características según los estándares internacionales y de acuerdo al manual sobre instalaciones de atletismo del 2008, de la misma asociación internacional.

Por lo tanto, la Contraloría concluyó que la municipalidad aceptó un proyecto no afinado al momento de su adjudicación y que las especificaciones técnicas entregadas por la oficina de arquitectos Judson, no contemplaron en sus primeras partidas la base asfalto pista atlética, observándose además la falta de precisión sobre el tipo y la calidad del material.

Así, la Contraloría dio inicio a un sumario administrativo con el fin de investigar las presuntas responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Esta misma investigación determinó que la Dirección Regional de Arquitectura, como entidad a cargo de la inspección técnica del proyecto, no cumplió con la función establecida en el convenio mandato firmado con la municipalidad.

Por lo tanto, la Municipalidad resolvió demoler gradas Andes con el fin de dar cabida a la pista atlética de ocho carriles. Además, la pauta diseñó y se instruyó incluir las instalaciones de esta pista, según estándares oficiales olímpicos.

Sin embargo, la investigación determinó que la pista atlética no cumple con las dimensiones oficiales señaladas por el Instituto Nacional del Deporte (IND).

El 9 de junio de 2010, la Dirección de Arquitectura envió los antecedentes técnicos con el trazado definitivo al IND a fin de someterse a revisión y pronunciamiento. El IND emitió su respuesta a través del ordinario N°215, en donde valida y acepta la propuesta trazada, 8 carriles de 400 metros efectuando algunas precisiones respecto a las disciplinas de atletismo.

Pero la empresa contratista Wörner S.A., a cargo de los trabajos de la segunda etapa, removió la carpeta asfáltica, argumentando que la pista no cumplía con las medidas señaladas y que no correspondían a las oficiales dispuestas por la norma internacional, lo que fue validado por el ITO de esta segunda etapa. La Contraloría dio inicio a otro sumario administrativo sobre este caso.

La investigación encontró otras irregularidades. El 10 de enero de 2013, el IND informó que el pavimento asfáltico se encontraba en estado de deterioro, por no contar con las pendientes de evacuación adecuadas, detallando que esos daños fueron provocados por el tránsito de vehículos pesados, como grúas y otros.

Respecto a la utilización de la obra, la Contraloría encontró que con fecha 21 de septiembre de 2012, el entonces alcalde subrogante, Osvaldo Abdala, envió un ordinario a la empresa Wörner S.A., en donde le señaló que se analizó la factibilidad de autorizar el uso de la cancha N°1 de estadio, para el encuentro que el Club San Marcos de Arica sostendría el sábado 22 de septiembre de 2012 y que el profesional administrativo del contrato de la empresa aceptaba la solicitud vía telefónica.

Por otro lado, a través del ordinario N°224 de 31 de enero 2013, el director de obras municipales (s), Gastón Baeza, le manifiesto al alcalde que no era procedente la autorización para el uso de la cancha, debido a que la obra se encontraba en ejecución, pudiendo afectar el normal desarrollo de las obras y de sus garantías contractuales.

Esta misma consulta fue realizada después por el alcalde Salvador Urrutia, el 5 de febrero de 2013 al director de obras municipales y al asesor jurídico y nuevamente se le respondió que no procedía la autorización. Por tal motivo la Contraloría instruyó otro sumario por este tema.

El informe concluye, además, que se detectaron deficiencias en la obra. Por ejemplo, en la revisión de la butacas se evidenció que el anclaje de la huellas de las graderías no se encontraban fijadas a la losa y afianzados con el respectivo perno con alturas de elevación que llegaban, en algunos casos a los 3 centímetros. También se detectaron problemas en el hormigón del muro de contención, en las rampas de acceso vehicular y en la escalera de la cancha. Todas estas partidas fueron pagadas en un 100%. Por lo tanto la municipalidad tendrá que hacer cumplir las garantías. J