l Los ministros de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), José Antonio Gómez y Claudia Pascual, acordaron ayer iniciar un programa de trabajo que incluirá legislar sobre el aborto, tal como lo establecía el programa de Gobierno de Michelle Bachelet. La promesa de campaña fue que se despenalizarían aquellos casos en que el embarazo pusiera en peligro la vida de la madre, fuera el resultado de una violación o había inviabilidad del feto.

"Queremos hacer un esfuerzo para que el Parlamento apruebe estos proyectos lo antes posible", dijo Gómez. La ministra Pascal comentó que analizan incluso si se necesitaba una ley para hacer las modificaciones. Eso sí, añadió que antes elaborarán una sobre derechos sexuales y reproductivos. "La idea es que se pueda garantizar tanto a mujeres como hombres la autonomía de sus decisiones y el acceso a una salud sexual y reproductiva", agregó.

El abogado pro-vida y miembro de la fundación Proyecto Esperanza, Jorge Reyes, lamentó el anuncio y advirtió a que "haremos lo posible por persuadir a la autoridad".

El profesional aseguró que en Chile hoy la tasa de mortalidad de mujeres por abortos es igual a cero, mientras que en México subió a 90 sólo en el primer año en que se aprobó una legislación de ese tipo. Acusó que a nombre de una "ideología, en base a un supuesto derecho", se afecta a la vida del niño y se pone en riesgo a la propia madre. J

Con el objetivo de analizar el sistema previsional e identificar sus principales deficiencias, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó ayer una comisión de expertos que tendrá hasta octubre para entregar un primer informe y hasta enero 2015 para proponer las reformas que se necesiten para hacer del sistema algo que "no empobrezca a los trabajadores", como dijo.

El equipo está conformado por académicos nacional e internacionales de diferente índole y será presidida por el economista de la Universidad Católica y ex director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, David Bravo.

Aunque están fuera de la comisión, la agrupación Felices y Forrados ha reiterado la necesidad de realizar cambios profundos al sistema previsional que impera en el país.

El economista Rafael Garay, director del departamento de estudios de la entidad, asegura que actualmente el debate está demasiado ideologizado, aunque celebra la creación de la comisión.

En conversación con , Garay propuso que "el Estado realice un aporte de un millón de pesos a cada chileno que nazca. Así, cuando esa persona cumpla los 60 o 65 años su pensión subiría considerablemente. Hoy el promedio es de 179 mil pesos y con esta medida pasaría a 414 mil pesos".

Garay asegura que la medida le significaría al Estado un gasto anual de US$ 500 millones. "No creo que sea mucho, porque hoy el Estado gasta casi US$12 mil millones en pensiones, en un bono se gasta US$400 millones , entonces supongo que podría gastar US$ 500 millones. Y ojo, esto no sólo ayudaría a las pensiones, en 40 años se acabaría la pobreza".

Un poco más radical, Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, dice que el sistema no se debe reformar sino que hacer uno nuevo, básicamente porque en Chile uno.

"Chile es el único país de la OCDE en donde el empleador no aporta en nada a la pensión de sus trabajadores y eso no puede ser. Además creo que debiera existir un sistema público de reparto, donde exista, en pro de la libre elección, algún seguro optativo y privado para hacer un APV y así aumentar su pensión en un futuro, pero que el eje central no esté preso de las condiciones del mercado". J