Hasta con el temor de volver a trabajar quedó el conductor de un taxi colectivo, de iniciales J.T.A. de 48 años, luego de sufrir un violento asalto. En cosa de segundos, el hombre perdió todo el dinero recaudado en un día de trabajo.

La semana pasada, el Tribunal Oral en lo Penal con la batería de pruebas presentadas por la Fiscalía, condenó a 10 años y un día de cárcel a los autores de dicho asalto. Se trata de Richard Moya Gauna (30) y a Claudia Rojas Tobar (36). Ambos fueron condenados en calidad de autores del delito de robo con intimidación, en el marco de una investigación dirigida por el fiscal Luis Soriano, quien trabajó junto a funcionarios de la Sip de la Tercera Comisaría de Carabineros.

Los antecedentes expuestos en el juicio oral por el fiscal dan cuenta que el hecho se registró cerca de las 2.30 horas del 4 de julio del año pasado, ocasión en que la pareja abordó un taxi colectivo en la avenida Santiago Arata solicitándole al chofer de iniciales J.T.A. que los trasladara hasta el sector céntrico de la ciudad, específicamente a una residencial de la calle Prat.

Al llegar a la avenida Luis Beretta Porcel con Diego Portales, el acusado Richard Moya tomó por el cuello al conductor y amenazándolo con un destornillador le exigió la entrega de dinero en efectivo, por lo que el afectado les hizo entrega de su billetera con 50 mil pesos en efectivo. Tras ello, el chofer lanzó las llaves del vehículo a la acera, mientras que la pareja huyó inmediatamente del lugar.

"Tras el hecho la víctima hizo la denuncia ante Carabineros iniciándose un intenso operativo de búsqueda, el que finalmente dio resultado ya que ambos fueron detenidos cuando huían por un pasaje cercano siendo reconocidos plenamente por el afectado", explicó el fiscal Luis Soriano.

En el juicio oral se informó que ambos registran antecedentes policiales. Asimismo, los jueces del Tribunal Oral aplicaron la circunstancia agravante de "ser dos o más los malhechores" aumentando en un grado la pena.

La pareja fue detenida por personal de Carabineros en Chinchorro y fueron formalizadas en la audiencia de control de detención por el delito de robo con intimidación ese día el magistrado Rodrigo Urrutia decretó la prisión preventiva para ambos imputados. J

l Para el 20 de mayo está programado el comienzo de la audiencia del juicio oral del denominado Caso de Corrupción Municipal, sin embargo, aún está en suspenso si definitivamente se dé inicio.

El 19 de marzo de este año, el Tribunal Oral tomó la decisión de fijar el inicio del juicio luego que Miguel Soto, abogado patrocinador de uno de los imputados, el ex alcalde Waldo Sankán, anunciara su renuncia para asumir la defensa de la ex intendenta de Tarapacá, Antonella Sciaraffia, en el denominado caso Muebles.

En lugar de Soto asumió el abogado licitado de la Defensoría Penal Pública, Alejandro Cox, quien pidió al tribunal aplazar el comienzo del juicio oral en cinco meses.

Luego, en otra audiencia que se realizó para revisar la cautelar de prisión preventiva del imputado Jorge Frías, su abogado José Andrés Alarcón informó al Tribunal que en mayo vence el contrato de Alejandro Cox a la Defensoría Penal Pública, lo que pone a un más en suspendo si comenzará el juicio, ya que Waldo Sankán, nuevamente se quedaría sin abogado.

Sankán junto a otras 16 personas son acusados en el marco de la megainvestigación por corrupción seguida en Arica, por presuntos delitos de lavado de dinero, fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita, entre otros, y por los que se arriesga una suma de 221 años de presidio.

La Fiscalía presentó acusación luego que durante la investigación surgieran antecedentes que indican que presuntamente Sankán mientras se desempeñaba como alcalde de Arica, junto a ex concejales y otros funcionarios municipales, habrían favorecido a un empresario local para que se adjudicara licitaciones de forma fraudulenta, obtener así beneficios y posteriormente los servicios contratados se brindaban de forma parcial, o incumpliendo lo pactado en los contratos. J