La Ley de Polimetales tiene al Gobierno y a la oposición enfrascados en una polémica que, de seguro, seguirá en los próximos días.

Tras una visita que las autoridades realizaron a la zona contaminada por minerales tóxicos, fue la seremi de Gobierno, Carolina Videla, quien criticó que la gestión de Sebastián Piñera había dejado inconcluso el proceso de implementación de la Ley 20.590 que establece un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en Arica.

La vocera del Gore contó que encontró una Oficina de Acreditación de Personas Afectadas por Polimetales indigna e inadecuada con dos personas atendiendo cuatro días a la semana en horario de oficina de 9.30 a 13 horas.

"En Arica tenemos una Ley de Polimetales a la que las familias van acceder a distintos beneficios y para eso se necesita de un proceso y el más importante es que la persona esté acreditada como afectada", sostuvo la seremi. Agregó que hasta hoy no existe ninguna persona acreditada en condiciones para recibir los incentivos que contempla la ley.

Carolina Videla y el senador Fulvio Rossi coincidieron en que la aplicación de esta normativa que contiene beneficios en salud, educación y vivienda y planes de erradicación y mitigación, fue insuficiente durante la gestión saliente.

Rossi recordó que el reglamento de la normativa fue entregado a la comunidad en octubre del año pasado, y recién en diciembre se instaló la Oficina de Acreditación, con dos funcionarios y que en horario bastante limitado debían procesarlas fichas de 15 mil familias en seis meses, para que las personas pudieran postular a los distintos beneficios.

"No existe siquiera una persona acreditada en condiciones para recibir los incentivos que contempla la ley, ya que las primeras 45 fichas recibidas por la oficina, tienen trámite aún pendiente en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia", dijo Rossi.

El parlamentario planteó que esta situación es gravísima, si se considera que el reglamento tenía vigencia de seis meses; "o sea vence ahora en abril, y no se tiene a estas alturas a ni una persona acreditada. Es por ello que tendremos que hacer las gestiones para ampliar la vigencia del reglamento y apurarnos al máximo para que no haya perjuicios para las personas. El saldo al día de hoy es que no se ha entregado una sola beca en educación por la Ley de Polimetales, tampoco se han entregado beneficios en salud y tampoco en vivienda", planteó el parlamentario.

También manifestó que la implementación de la Ley de Polimetales no es la única falencia detectada en el primer balance del estado en que el Gobierno saliente dejó la administración pública. "Se han establecido errores graves de gestión como, por ejemplo, que en ese periodo sólo se entregaron 1.400 subsidios habitacionales y resulta que hay 4 mil familias esperando viviendas", denunció Rossi.

El ex intendente José Durana manifestó que la Nueva Mayoría no tiene ninguna autoridad moral para hablar de los polimentales. "Nosotros entregamos informes detallados, están los antecedentes y por lo tanto tenemos la conciencia tranquila y el respaldo de la ciudadanía en que ellos reconocen que el Gobierno de Sebastián Piñera hizo todas las acciones para sacar adelante el Plan de Polimetales", comentó Durana.

En este sentido, dijo que desde el primer día que asumió el Gobierno de Piñera se inició un plan intersectorial con los ministerios de Salud, Educación y Vivienda, que están incluidos en la Ley. "Esta normativa posee un reglamento que tomó razón la Contraloría y que tiene estipulado fechas de cumplimiento de plazos, por lo tanto Carolina Videla no tiene idea de lo que está hablado", sostuvo Durana.

Dentro de los pasos a seguir que señala dicho reglamento figuran: Que dentro de un plazo de 180 días ( 22 de abril de 2014), el Servicio de Salud deberá implementar una guía de vigilancia para población general expuesta a polimetales y realizar estudios epidemiológicos en materia de efectos en salud. Luego señala que dentro de seis meses (24 de abril de 2014) las familias afectadas cuya vivienda requiera de reparación por parte del Minvu, deberán inscribirse en el Serviu regional y por último dentro de un plazo de 24 meses (24 de octubre de 2015), el Gobierno deberá implementar un laboratorio de salud pública ambiental.

El presidente regional de la UDI, Roberto Erpel, manifestó que no comparte la crítica del oficialismo.

"Sería muy lamentable que estén haciendo uso político en un tema tan sensible que afecta a familias ariqueñas. Podrá existir un retraso, pero fuimos nosotros, quienes nos preocupamos de este tema y así lo tienen claro los dirigentes", sostuvo Erpel. J