El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal fijó para el jueves 20 de marzo, a las 8:30 horas, el inicio del juicio oral del denominado caso corrupción pública, en el que 17 personas se encuentran acusadas por su presunta responsabilidad en diversos delitos vinculados a la ejecución de proyectos de la Municipalidad de Arica, y que alcanzan los poco más de 3 mil 600 millones de pesos.

Están acusados el ex alcalde Waldo Sankán, ex concejales, funcionarios municipales y empresarios y el juicio estará a cargo de los magistrados Mauricio Vidal Caro, Guillermo Rodríguez González y Mauricio Petit Moreno, quienes determinarán si los acusados son declarados culpables o quedan absueltos de los cargos.

Se presume que el juicio se extenderá cerca de un mes, por la gran cantidad de pruebas y testigos que presentarán tanto la Fiscalía como la defensa y la parte querellante. Por ejemplo, sólo el Ministerio Público presentará 1. 438 documentos, entre ellos se cuentan bases de licitación, decretos, escritos, contratos, etc., todos recopilados e incautados durante la investigación. Contarán, además, con 184 testigos, unas 100 mil escuchas telefónicas y 11 pericias.

Los profesionales de la Defensoría Penal Pública y los abogados particulares presentarán la misma cantidad de pruebas y un número superior de testigos. Según se informó, Sankán renunciará a su derecho de guardar silencio y va a declarar ante el Tribunal al igual que las concejalas Marcela Palza y María Teresa Becerra.

En el listado de testigos que participarán de este juicio figuran, entre otros, el actual intendente José Durana, quien prestará declaración respecto al inmueble adquirido por Waldo Sankán antes que asumiera como alcalde. Dicha propiedad se ubica en calle David Girván, la que es conocida popularmente como "El Castillo de Sankán".

También será testigo, el director regional de Aduanas, José Ignacio Palma Sotomayor, quien se va a referir a sus funciones como asesor jurídico de la Municipalidad de Arica y las observaciones planteadas a la ejecución de la propuesta Nº 20/2004 sobre el vertedero municipal.

El seremi de Salud, Luis Sandrock, entregará detalles de las fiscalizaciones realizadas en el Vertedero Municipal. El diputado Orlando Vargas declarará sobre los contactos y reuniones con los acusados Jorge Frías y el ex concejal Javier Araya y otros, en los días previos a la votación del vertedero, además de la relación entre Waldo Sankán, Javier Araya y Jorge Frías.

El concejal Osvaldo Abdala fue citado para declarar respecto a sus funciones ejercidas en la Municipalidad de Arica entre los años 2010 y 2012. También se referirá a su relación con Waldo Sankán y el abogado Arnaldo Salas, entre los años 2010 y 2012, además de reuniones de trabajo por el contrato del Parque Centenario.

El concejal Emilio Ulloa va a prestar declaración respecto a los antecedentes posteriores a la sesión del Concejo Municipal de fecha 3 de Febrero de 2012 y su conocimiento de la ejecución de la propuesta pública Nº 09/2009 sobre el Vertedero Municipal .

También figura como testigo la ex esposa de Sankán, la consejera regional Valeska Salazar, quien declarará sobre el origen de los 20 millones de pesos entregados a Anelis Mancilla por la compra de un departamento y la adquisición de la casa que obtuvo Sankán, además de la relación que sostuvo con Jorge Frías y el ex jefe comunal.

El director de la Agencia de Desarrollo, Christian Alvarez, hablará sobre su relación con el empresario Ruperto Ojeda y una supuesta entrega de dinero que realizó Ojeda a Sankán.

El presidente regional del Partido Por la Democracia (PPD), Patricio Sanhueza, va a declarar sobre sus labores ejercidas en la Municipalidad de Arica y las variaciones ocurridas en sus remuneraciones.

En la investigación de la Fiscalía se plantea que Sanhueza, a principios del 2011, se habría acercado a otro funcionario municipal que mantenía originalmente un sueldo de 600 mil pesos, manifestándole que se le incrementaría la remuneración que le correspondía, a un total de $1.500.000 aproximadamente, exigiéndole, para el entonces alcalde parte de su dinero, concretamente la suma de 500 mil pesos de la remuneración mensual.

La idea era que no se interrumpiera la contratación a la que estaba sujeto, por lo que el funcionario habría accedido a las exigencias impuestas, entregando el dinero en la oficina de Sanhueza. Por tal situación Sankán fue formalizado por el delito de exacción ilegal.

Por este mismo tema también prestarán declaración el ex director de Cultura, Udo Goncalves; el ex encargado de Eventos, Boris Inostroza, la ex directora de Turismo, Claudia Opazo y la funcionaria de Dideco Antonella Muñoz.

El ex seremi de Vivienda Ricardo Chameng y los ex funcionarios municipales Marco Antonio Olivares y Luis Véliz van a prestar declaración respecto a la adquisición y venta de la denominada "Radio Ariqueña" frecuencia 106.3.

Otra de las personas que aparece como testigo es el ex diputado Iván Paredes, quien prestará declaraciones respecto a sus denuncias efectuadas sobre las empresas Asevertrans y Sovinca. Además entregará antecedentes relativos a la relación entre Waldo Sankán, Jorge Frías, Rodrigo Ortiz, Javier Araya y otros funcionarios municipales.

También será testigo, el ex concejal de la UDI Jaime Arancibia, quien se va a referir a su relación con el empresario Ruperto Ojeda y la información sobre la ejecución de la Propuesta Pública Nº 81/2005, sobre Áreas Verdes.

En el listado, también figuran el ex director de Obras Municipales, Francisco Zuleta; el presidente regional del Partido Radical, David Zapata y la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Andrea Murillo entre otros.

El Ministerio Público logró en la audiencia de preparación de Juicio Oral que casi toda su prueba fuera incorporada, siendo las escuchas telefónicas las más importantes, porque fueron claves para acreditar la forma en que operaba una organización criminal al interior de la Municipalidad.

En varias grabaciones aparece la voz del ex concejal Javier Araya, quien habría actuado como intermediario del empresario Jorge Frías, ya que habría sido el encargado de sobornar con dinero a sus pares para que votaran a favor de la renovación del contrato del Vertedero Municipal.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentará parte de sus más de 100 mil escuchas telefónicas donde supuestamente aparecerán audios de connotados políticos locales.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía planteó que para darle una apariencia de legalidad a actos administrativos que favorecían a Frías y sus empresas, los involucrados se coludieron.

En este mismo sentido Héctor Arancibia, en su calidad de administrador municipal, de acuerdo con Javier Araya, concejal y presidente de la Comisión de Aseo del Concejo Municipal, por instrucciones y en beneficio de Jorge Frías, a partir de enero de 2012 habrían acordado una fecha de inspección del vertedero, a fin de preparar un engaño a la Contraloría Municipal aparentando el cumplimiento del contrato, para así evitar cualquier informe negativo en contra de la empresa.

De esta forma, continuarían con la defraudación al Fisco que estaban cometiendo, evitando cuestionamientos a la renovación del contrato.

Asimismo, Arancibia habría elaborado por instrucciones de Frías un informe que expuso ante el Concejo en la sesión del 3 de febrero de 2013, para dar una apariencia de legalidad a la votación, según lo planificado por esta organización. Incluso a través del ofrecimiento de beneficios económicos a los concejales.

Igualmente habrían cumplido un rol en la organización los funcionarios Fernando Vargas y Rodolfo Hernández, quienes serían los encargados de alterar los registros de trabajo de maquinarias y personal, con el objeto que éstos no reflejaran los incumplimientos de la empresa.

Un tema que llamó la atención fue la renuncia a la defensa de Sankán de los abogados Nelson Rocco y Miguel Soto Piñeiro. Sin embargo este último, el pasado 18 de febrero confirmó su patrocinio y solicitó una audiencia para postergar el juicio. Dicha petición no fue acogida por el Tribunal, pese a que Soto Piñeiro figura también como abogado defensor de la ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia por el denominado caso Muebles, juicio que también se inicia en marzo. J