Con la nominación de los próximos 15 intendentes, la Presidenta electa culminó la primera fase de designaciones de su equipo, que partió con el nombramiento de los futuros ministros y siguió con el de subsecretarios. Aunque en todo el proceso -y particularmente en el caso de los secretarios de Estado- se ha apreciado la decisión de la futura Mandataria de ejercer su autoridad a plenitud, privilegiando a figuras de su plena confianza, el conjunto de las nominaciones refleja también un esfuerzo por resguardar los equilibrios políticos al interior de la Nueva Mayoría. Así, mientras que en el equipo ministerial se incorporó a militantes de todos los partidos de la coalición, incluidos el PC y las agrupaciones menores, en el caso de los jefes regionales solo se nominó a figuras de las tres colectividades más importantes, además de dos independientes, entre ellos el intendente de Arica y Parinacota, Emilio Rodríguez.

Si bien el PS, el partido de la Presidenta, aparece con el mayor número de designados (5, incluyendo el ahora cuestionado caso de Tarapacá), son militantes de la DC -la colectividad más grande de la coalición- quienes encabezarán las regiones más populosas, incluida la Metropolitana.

Ha llamado la atención que la futura Presidenta incluyera en la nómina de los próximos intendentes a dos funcionarios que habían seguido cumpliendo tareas en la actual administración, luego de haber sido designados por gobiernos de la Concertación. Esa posibilidad había sido objeto de debate al interior de la coalición durante noviembre, cuando la senadora Ximena Rincón -próxima ministra secretaria general de la Presidencia- planteó que "aquellos que se quedaron en el gobierno aduciendo que eran técnicos, y renunciaron a sus convicciones, esa gente no le hace bien a la política, y espero que no estén en este gobierno". Tal criterio no ha sido compartido por la Mandataria.

Aparte de los problemas específicos de sus respectivas zonas, los futuros intendentes deberán saber estructurar una forma de relacionarse con los nuevos consejeros regionales, los que fueron por primera vez electos popularmente en noviembre, con la legitimidad y el probable mayor protagonismo público que ello involucra. Resultará conveniente observar cómo se desarrolla esa relación, en un momento en que las demandas por mayor descentralización aumentan, y cuando el programa de la Presidenta electa plantea avanzar hacia un sistema en que también los jefes ejecutivos regionales sean elegidos por votación directa.