Durante las últimas semanas y producto del diferendo marítimo que sostuvieron Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Arica y Parinacota se transformó en el epicentro noticioso del país.

Debido a que la región se ubica en el mismo escenario del conflicto, la comunidad nacional e internacional conoció diversos aspectos de la zona. Entre ellos se consignó el actual nivel de desarrollo, sus demandas, sueños, esperanzas e inquietudes. En síntesis, las expectativas del fallo decantaron en un rápido y quizás no tan preciso diagnóstico de la situación local, hecho que al menos alcanzó a develar una serie de carencias que deben ser analizadas por las autoridades del nivel central.

Aprovechando la amplia exposición mediática de estos días, los ariqueños reafirmaron un sentimiento de abandono instalado por décadas en la región y que, a juicio de los propios afectados, requiere -además de un profundo análisis- una definición más concreta de lo que el Estado chileno proyecta para una ciudad fronteriza.

Si bien es justo precisar que durante los últimos años se concretaron algunos avances que han permitido bajar el desempleo y reactivar la economía regional, lo cierto es que Chile aún está al debe con este amplio territorio, que por lo demás mantiene el rótulo de zona de gran relevancia política y estratégica.

Luego del veredicto entregado por la Corte de La Haya, el país debe planificar la implementación del fallo, acción que también debería considerar una amplia política de Estado en favor de Arica y de otras zonas fronterizas que claramente merecen más atención del gobierno central.

Los habitantes de Arica y Parinacota contribuyen de forma directa a la soberanía nacional y en base a esa contribución deben recibir un trato especial, de modo de aminorar aquellas falencias propias de una residencia alejada de los grandes centros urbanos, lo que en varios aspectos se traduce en un menoscabo para la calidad de vida.