Una fuerte reacción en el mundo científico ha provocado la decisión del Congreso de aprobar un proyecto de ley que prohibe el uso del compuesto timerosal en las vacunas debido a su contenido de mercurio, cuyos efectos serían dañinos para los menores inoculados. Los fundamentos de la moción parlamentaria describen la existencia de una supuesta relación causal entre la exposición a ese compuesto y el aumento de los trastornos de tipo autista en los niños. Argumentos parecidos fueron usados en Estados Unidos a finales de la década de 1990 para dejar de usar el timerosal en sus vacunas. Pese a eso, la prevalencia del autismo aumentó al doble entre 2003 y 2012, precisamente cuando el compuesto había dejado ya de emplearse.

Eliminar el timerosal hace más difícil y cara la aplicación de vacunas polivalentes -que cubren varias enfermedades- pues aumentan las posibilidades de contaminación. Por eso, el ministro de Salud y las asociaciones médicas y de salubridad, así como grupos científicos e investigadores, se han opuesto a esta eventual ley. Todos ellos han advertido que su efecto será aumentar los costos y riesgos de las campañas de inmunización. Incluso, el secretario de Estado ha afirmado que con esto se beneficiaría a algunas empresas, cuyas vacunas, de mayor precio, no utilizan el compuesto.

Los estudios más recientes, provenientes de instituciones como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Food and Drug Administration, de los Estados Unidos, descartan la existencia de riesgos asociados al timerosal. Tampoco la Organización Mundial de la Salud ni ninguna otra organización científica o médica de otros países desarrollados se ha hecho eco de una preocupación como la que motivó a los parlamentarios chilenos.

Frente a estos antecedentes, ¿cómo es posible que ellos -incluidos algunos con formación médica- hayan aprobado esta iniciativa? Varios han fundamentado su actuación en el principio de cautela frente a una materia dudosa. El punto es que hoy existe abrumadora evidencia científica para desestimar esa duda.

El Gobierno ha anunciado que vetará el texto despachado por el Congreso, por lo que muy probablemente el tema será zanjado por los parlamentarios que asuman en marzo. Es de esperar que entonces impere la racionalidad. De lo contrario, los autores de esta ley deberán asumir su responsabilidad por sus eventuales efectos sobre la salud pública.