Abiertas las matrículas a las universidades, comienza la preocupación por sus aranceles y las diferentes opciones de becas u otras ayudas. Con la inquietud planteada en años recientes por el financiamiento de la educación, la opinión nacional observa lo que sucede en este campo y -tal vez para sorpresa de muchos- surge un amplio abanico de ofertas de apoyo a los estudiantes. Desde el Estado, desde luego, pero también ayudas complementarias de las instituciones y otros organismos.

El Estado ofrece becas y créditos a personas cuyas familias no pueden solventar una carrera universitaria, pero con ellas se cubre sólo el arancel de referencia y no el costo que una universidad determinada decida cobrar. La diferencia, que en promedio es del 15% de los costos para los universitarios y del 5% para quienes estudian en institutos profesionales o centros de formación técnica, es lo que se puede financiar con las ayudas complementarias. A esto hay que sumar los gastos de subsistencia de los jóvenes, en el caso de los que no estudian en los lugares de residencia de sus familias.

La sociedad chilena ha ido entregando diversas respuestas a estas necesidades, y es innegable la multiplicación de opciones que se han abierto para apoyar a jóvenes con talento: sólo las universidades ofrecen 20 programas de ayuda. Además, en respuesta a las demandas de los estudiantes, el Gobierno -junto con aumentar las becas destinadas a los jóvenes de los tres primeros quintiles- elaboró un proyecto de ley que habría ordenado todo el sistema de financiamiento, estableciendo un modelo único de crédito. Este, sin embargo, se encuentra paralizado en el Congreso, luego que, en lugar de perfeccionar las políticas de las últimas dos décadas, la Nueva Mayoría resolviera hacer suya la demanda del movimiento estudiantil por gratuidad.

Así, se da hoy una situación paradójica. Por una parte, gracias a una fuerte inversión de recursos, las ayudas para los estudiantes alcanzan una cobertura inédita, que incluso ha permitido a jóvenes del primer quintil acceder este año a ventajosos créditos del Estado. Existe total incertidumbre respecto del rumbo que tomará el sistema a partir de la referida promesa de gratuidad, incluida en el programa de la Presidenta electa. Si bien se han planteado ideas de cómo se podría concretar este concepto -por ejemplo, un impuesto a los graduados-, ellas suscitan controversia entre los propios impulsores de la gratuidad. La falta de resolución de este debate detendrá casi con seguridad la línea de perfeccionamiento en los mecanismos de ayuda, y que muestra interesantes frutos.

Es importante que esta incertidumbre -la que afecta tanto a las instituciones como a los estudiantes- se resuelva cuanto antes.