Interrogantes en educación superior
Se ha dicho que el pivote central del programa del próximo gobierno es la educación, en sus distintos niveles. Dos objetivos aparecen como los más importantes. Uno es la reestructuración organizacional del sistema, procurando que no solo provea a toda la población de acceso a la educación prebásica, básica y media, y a una parte sustancial de la misma a la educación superior, sino que ese acceso no implique una segregación que reproduzca diferencias previas de capital social o económico, y que impida una movilidad social más libre y meritocrática. El segundo objetivo es que el sistema opere con estándares de calidad.
Se ha anunciado la gratuidad de esta como meta de largo plazo, aunque solo se alcance al 70% de los estudiantes durante el próximo gobierno. Transformar a las universidades estatales en gratuitas es una decisión privativa del Ejecutivo, y significaría reemplazar los recursos que actualmente los alumnos destinan a sus matrículas por fondos generales de la nación. Para el resto de las universidades -las privadas, incluidas las tradicionales y las creadas con posterioridad a 1990 que puedan cumplir algún rol público- el programa plantea que dicho reemplazo solo se hará si están dispuestas a asumir una serie de compromisos con el Estado. Entre ellos, que una proporción de sus alumnos provenga de sectores vulnerables, que el arancel que se les reembolse por el fisco sea el que el Gobierno fije, y -si bien no ha sido refrendado aún- que su gobierno corporativo integre a personas nombradas por el Estado, de modo proporcional a los aportes que este entregue.
La manera como se fijen esos aranceles, la existencia o no de créditos estatales -en las favorables condiciones en que hoy se otorgan- para los estudiantes cuyas universidades no se incorporen al esquema de gratuidad indicado, y si estas tendrán o no derecho a postular a fondos fiscales para fines de investigación u otros, determinará la dinámica del sector.
La idea de otorgar gratuidad durante los estudios y que los estudiantes solo comiencen a pagar una vez titulados, por la vía de una suerte de impuesto a los profesionales -en la práctica, una especie de crédito encubierto-, como ha sido sugerido por académicos de la Nueva Mayoría, resolvería algunos problemas, pero abriría otros; entre ellos, el de los estudiantes que no se titulan nunca pero sí utilizan el sistema: ¿deberían ellos también pagar el proyectado tributo?
La consigna de la gratuidad como eje estructurante, manejada sin las sutilezas que el tema exige, puede resultar en una educación superior que no mejore su calidad y en la que, de modo paradójico, aumente la segregación, además de perderse el valiosísimo aporte que la enseñanza universitaria privada entrega hoy al conjunto del sistema.