Más de mil documentos, entre pericias contables, 100 escuchas telefónicas y cerca de 300 testigos y peritos, entre otras evidencias son las pruebas que reunió la Fiscalía Regional a lo largo de la investigación del denominado Caso de Corrupción Pública.

Ayer se inició la audiencia de preparación de juicio oral con la corrección de vicios formales por parte del Ministerio Público. En esta investigación están acusados el ex alcalde Waldo Sankán, ex concejales, funcionarios municipales y empresarios por diversos delitos vinculados a la ejecución de varios proyectos y que habrían provocado un fraude de 3 mil 600 millones de pesos a las arcas municipales.

La fiscal regional, Javiera López, explicó que el Juzgado de Garantía determinará finalmente qué pruebas serán rendidas y valoradas en el juicio oral.

"Tenemos confianza en que toda la abundante prueba reunida a lo largo de la investigación será valorada finalmente en el juicio oral, atendido que el trabajo investigativo ha sido serio, se ha ajustado a la legalidad y ha respetado las garantías y derechos de los intervinientes. Hay que considerar que se trata de 101 tomos de investigación, lo que se traduce en numerosas pruebas", expresó la fiscal.

En tanto, Nelson Rocco, abogado particular de Waldo Sankán, dijo que esta audiencia que se inició ayer tiene como objetivo determinar de qué pruebas se van a valer tanto los acusadores, en este caso el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, como las distintas defensas de todos los imputados.

"Nosotros como defensa esperamos poder acreditar en el juicio oral la inocencia de Waldo Sankán de todas las imputaciones que ha sido objeto. Nuestra defensa se basa fundamentalmente en prueba testimonial, pericial y documental", sostuvo Rocco.

En el marco de esta mega investigación, la Fiscalía presentó acusación y pidió penas que en total suman 221 años y 541 días de presidio contra los 17 imputados. Asimismo, se acusó a la persona jurídica Asevertrans Limitada, por el delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.

Para Jorge Frías están solicitando 51 años de presidio y está formalizado por ocho delitos: asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, dos fraude al fisco, cohecho activo, tenencia de arma de fuego y adquisición de munición, entre otros; y Waldo Sankán, a quien la Fiscalía pide una condena de 36 años de presidio como autor de delitos de asociación ilícita para comisión de delitos de corrupción, lavado de activos, fraude al fisco, tres de cohecho activo, nombramiento ilegal y exacción ilegal. Además se solicita para ambos multas e inhabilitación para oficio o cargo público.

El 24 de abril de 2012, el Edificio Consistorial fue allanado por funcionarios de la PDI, donde incautaron computadores y documentación. La Fiscalía hacía pública una investigación por el supuesto pago de coimas a ediles para que empresarios se adjudicaran contratos millonarios sin ser fiscalizados. Propuestas como el Vertedero Municipal, mantención de las áreas verdes y la compra de contenedores de basura.

Además, esta investigación dejó al descubierto, según la Fiscalía, la forma que operaba una organización criminal al interior de la Municipalidad de Arica. Las escuchas telefónicas fueron claves para conocer cómo operaban. Se determinó que el ex concejal Javier Araya actuaba como intermediario del empresario Jorge Frías y era el encargado, según el organismo persecutor, de sobornar con dinero a sus pares para que votaran a favor de la renovación del contrato del vertedero.

Actualmente, Araya está en libertad y fuentes ligadas al caso, afirman que habría aportado en la investigación y supuestamente su declaración habría incidido en que Waldo Sankán y los empresarios Jorge Frías y Rodrigo Ortiz se mantengan recluidos en la cárcel de Acha.

Nelson Rocco aseguró que Araya mintió en sus declaraciones; además dijo que en las escuchas telefónicas que presentará como prueba la Fiscalía existirían elementos suficientes para acreditar la inocencia del ex alcalde. Extraoficialmente se conoció que existen escuchas telefónicas donde aparecerían audios de actuales dirigentes de partidos políticos.

Se prevé que la audiencia se extenderá hasta el viernes y culminará con la dictación de la resolución denominada auto de apertura de juicio oral. J