Cerca de seis casos de corrupción sacudieron Arica en estos últimos años, noticias que mostraron a nivel nacional como autoridades tuvieron que estar sentados en el banquillo de los acusados enfrente de un tribunal.

El 27 de enero de 2005 fue detenida en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, la ex alcaldesa de Camarones Sonia Salgado (DC), tras no presentarse a una audiencia citada por el Tribunal de Garantía.

La edil fue investigada por los delitos de cohecho, nombramiento ilegal y fraude electoral durante las elecciones municipales de noviembre de 2004, en relación al supuesto pago de dádivas a cambio de votos en favor de Salgado y de concejales de la Concertación.

En esa investigación, la jefa comunal se mantuvo oculta cerca de un mes y el día de la audiencia marcó la agenda noticiosa por su extraña reacción, como levantar los dedos en signo de victoria, colocarse gafas oscuras o sentarse con las manos detrás de la nuca, situaciones advertidas por el juez, quien le llamó la atención en reiteradas ocasiones.

La acusación contra la edil fue por ofrecer vales impresos con su imagen, canjeables por dinero y mercaderías que financiaba con los sueldos de sus funcionarios. Según la investigación, pagaba $5 mil y $10 mil a electores de la comuna para que votaran por ella.

El 25 de marzo de 2007, el Tribunal Oral absolvió por unanimidad a la alcaldesa por todos los cargos que fue acusada.

Otro caso que causó un verdadero terremoto político fue la investigación que inició la Fiscalía en contra del ex alcalde Carlos Valcarce Medina (RN).

El 16 de junio 2005, el ex edil junto a dos empresarios que prestaban servicios a la Municipalidad de Arica, Alfredo Navarrete y Carlos Herrera (este último más conocido como "Camán), debieron enfrentar a la justicia. Un caso que se robó portadas de todos los medios nacionales y locales. Fue el día de la formalización, el alcalde de Arica sentado en el banquillo de los acusados por el delito de fraude al fisco y los empresarios por estafa.

La investigación, a cargo del fiscal Carlos Eltit, logró establecer que en mayo de ese año, Navarrete y Herrera, concertados previamente, pidieron al municipio, mediante una factura, el pago de 93 millones de pesos. Según el fiscal se cobraban supuestas prestaciones que habrían sido ejecutadas a favor del referido municipio. Este pago fue autorizado por el imputado Valcarce, eludiendo los controles internos municipales, permitiendo con esto el pago efectivo a los imputados, originando un perjuicio en el patrimonio municipal, debido a que parte de los servicios cobrados en la factura señalada anteriormente no fueron efectuados, otros fueron cancelados previamente y otros fueron pagados en exceso.

Las irregularidades correspondían a 4 contratos por limpieza de playas, y compra de insumos y pinturas para obras de ornato de la ciudad.

En septiembre del 2007, Valcarce quedó inhabilitado en el ejercicio de sus funciones, luego que el Ministerio Público presentara la acusación en su contra por el delito de fraude al fisco.

Tras quedar la Municipalidad sin alcalde, el concejo de esa época eligió como alcalde suplente y por mayoría absoluta, al concejal del Partido por la Democracia (PPD), Waldo Sankán Martínez.

El 10 de octubre de 2008, el Tribunal Oral en lo penal absolvió por unanimidad al suspendido alcalde Carlos Valcarce y a los dos contratistas. Ese mismo día Valcarce volvió a ocupar su cargo.

Fue uno de los escándalos judiciales más sonados del último tiempo a nivel nacional; tres jueces de Garantía de Arica sumariados y separados de sus funciones.

Uno de los magistrados fue Gonzalo Díaz. Una disputa por la tuición de sus hijos dio paso a graves acusaciones que iban desde tráfico de influencia entre jueces y hasta las cuestionadas relaciones comerciales de magistrados y abogados con una persona condenada por fraude al fisco. El conocido empresario Carlos Herrera.

Este caso se inició en el momento que Laura Vega (ex esposa de Gonzalo Díaz) se llevó a sus hijos a Santiago y el juez presentó una denuncia por presunta desgracia y sustracción de menores.

Fue un conflicto familiar que hizo tambalear la balanza de la justicia. La primera acusación de tráfico de influencias del magistrado para quedarse con los niños en Arica.

Laura Vega, denunció públicamente en un canal de televisión, que quien emitía las supuestas resoluciones era el magistrado Juan Araya.

Su abogada, Alejandra Silva, daba a conocer que el juez Díaz mandaba correos al fiscal a cargo de ubicar a los menores y, según ellas, las dictaba exactamente igual como las enviaba el magistrado.

En toda la investigación, Araya negó cualquier defensa corporativa a favor de su colega. En tanto, en el Ministerio Público, el ex fiscal Jorge Valladares abrió un sumario para investigar la situación.

Una de las aristas más bulladas de este caso fueron las relaciones comerciales que suspuestamente mantuvieron dos jueces de garantía, Gonzalo Díaz y Rodrigo Urrutia, con Carlos Herrera.

Esta situación fue denunciada por el Consejo de Defensa del Estado, en el cual señalaba que consideraba grave que jueces del Tribunal de Garantía aparecieran desarrollando estas conductas de adquirir vehículos con los condenados.

Gonzalo Díaz reconoció comprar vehículos a Herrera, pero aclaró que no eran de lujo y que en el 2009 le ofreció uno en 3 millones 300 mil pesos. Planteó que terminó pagando cerca de 10 millones y que dicho móvil nunca llegó.

Carlos Herrera, es un conocido empresario que fue condenado por fraude alfisco y a pagar una multa de 75 millones de pesos, dinero que nunca pagó y la pena se dio por cumplida. El "Cáman", como es conocido, manifestó en esa oportunidad que nunca recibió ayuda de los abogados, ni de los jueces de garantía.

Herrera, es como un comerciante fantasma, en ese año no registraba bienes ni propiedades y debía cerca de 800 millones de pesos a la Tesorería.

El año pasado fue formalizado por contrabando y comercio clandestino de zapatillas, su nombre saltó a la palestra por una confesión de Humberto Monzón, el tesorero del Banco Santander que reconoció haber hurtado 230 millones de pesos a la sucursal bancaria y que compró 99 pares de zapatillas de dudosa procedencia a Camán. Luego la esposa de Díaz, manifestó que ese cargamento (de zapatillas) lo guardaba en la casa del magistrado, quien desmintió los dichos de su ex esposa.

El 2011, los tres magistrados fueron castigados con la suspensión de sus funciones por cuatro meses. El año pasado volvieron al Tribunal de Garantía. Sin embargo, Gonzalo Díaz fue trasladado a otro tribunal del país.

El 24 de abril del año pasado, se registró un verdadero terremoto en Arica. Sin embargo, a diferencia de lo pronosticado por los científicos, no se trató de un devastador movimiento telúrico, sino que fue un sismo al interior de la Municipalidad, luego que el alcalde, junto a concejales, funcionarios y empresarios, fueron detenidos en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía, que pasó a ser conocida como el caso de Corrupción Pública.

Ese día, el edificio Consistorial fue allanado por la Policía de Investigaciones (PDI) y se incautaron computadores y documentos. La Fiscalía hacía pública una investigación de pagos de coimas para que empresarios se adjudicaran contratos millonarios sin ser fiscalizados. Propuestas como el Vertedero Municipal, la mantención de las áreas verdes y la compra de contenedores de basura.

Según la investigación, el ex alcalde Waldo Sankán habría logrado adjudicar en forma fradulenta, pero con apariencia de legalidad, contratos municipales por 3.960 millones de pesos a empresas ligadas a cercanos para su beneficio y en desmendro del municipio.

Las escuchas telefónicas fueron claves como prueba para que el Ministerio Público pudiera acreditar la forma que operaba una supuesta organización criminal al interior de la municipalidad.

Mediante grabaciones, la Fiscalía argumentó que el ex concejal Javier Araya actuaba como intermediario del empresario Jorge Frías, ya que a su juicio el edil era el encargado de sobornar con dinero a sus pares para que votaran a favor de renovación de contratos del vertedero por un período de dos años, cuya votación se realizó en febrero del 2012 y fue aprobada por los ediles.

En la investigación se estableció que Sankán habría recibido el pago de 50 millones de pesos en efectivo de parte de Jorge Frías .

De los 19 imputados, sólo tres están privados de libertad. Se trata de Waldo Sankán y los empresarios Jorge Frías y Rodrigo Ortiz.

Aún está pendiente el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.

Este año, removió a Arica el denominado Caso OS-7, con oficiales de Carabineros detenidos por su supuesta vinculación al narcotráfico. Sus oficinas como su domicilios particulares fueron allanados por la Policía de Investigaciones.

En este caso están siendo investigados el mayor y jefe de la sección antidrogas, Víctor Rodríguez Huerta; el capitán Leonardo Vilches Sepúlveda y el Sargento Nelson Gavilán Santos. Los tres se encuentran formalizados por tráfico de drogas y asociación ilícita. Además de dos civiles L.G.F y F.S.R., transportistas que actuaron como presuntos informantes y sin contar con la autorización de la Fiscalía. Todos se encuentran en prisión preventiva, mientras que un efectivo policial se encuentra en libertad.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización de la investigación, los funcionarios policiales habrían planificado la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrante y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo, la indagatoria -a cargo de la fiscal regional Javiera López- estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.

La investigación determinó que desde julio del presente año, los funcionarios policiales se habrían concertado para ingresar importantes cargamentos de droga a nuestro país. Para ello se contactaban con un sujeto que vive en Santa Cruz (Bolivia), con quien coordinaban la cantidad de droga, el sistema de transporte y sus gastos operacionales, así como también captaban a las personas que debían viajar a Chile para recepcionar la mercancía. A ello se suma que actuaban sin la autorización de la Fiscalía y elaboraban partes policiales con antecedentes falsos.

El primero de los procedimientos policiales investigados se registró el pasado 5 de agosto, ocasión en que en el Complejo Fronterizo de Chungará se incautó un total de 299 kilos 794 gramos de marihuana.

En tanto, el segundo de los operativos corresponde al registrado el 9 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana ocultos en un camión también en el complejo Chungará. Las diligencias de la fiscalía determinaron que los seis imputados habrían coordinado su traslado e ingreso a Chile. Por este caso, se detuvo en esa oportunidad a 4 personas en Santiago.

Respecto de esta investigación, también se ordenó la apertura de un sumario y suspensión de funciones al fiscal antidrogas, Manuel González.

Los funcionarios policiales están siendo defendidos por el ex fiscal Alejandro Peña. Para el abogado no hay ningún antecedente que dé cuenta del ánimo de traficar , ya que tiene certeza que sus representados "no se han quedado ni con evidencias ni con dinero".

Respecto a las eventuales responsabilidades del suspendido fiscal González, Peña expresó que él tampoco ha cometido delitos. En cuanto a sus defendidos, el abogado insistió en que "lo que aquí hay son reproches administrativos, que a lo más amerita sumarios, pero ello no los convierte en narcotraficantes". J