Se realizaron los alegatos por el recurso de amparo presentado por la defensa de los 3 funcionarios del OS-7 privados de libertad.
Mañana, la Corte de Apelaciones de Arica dará a conocer su resolución, respecto si los tres carabineros del OS-7 recuperan su libertad o se mantienen privados de libertad al interior de la Primera Comisaría.
Ayer se realizaron los alegatos del recurso de amparo que presentó el ex fiscal Alejandro Peña, que busca modificar la resolución de la jueza de Garantía Andrea Iligaray, que dejó en prisión preventiva el 25 de noviembre a los tres funcionarios del OS-7: el mayor y jefe de la sección antidrogas, Víctor Rodriguez Huerta; el capitán Leonardo Vilches Sepúlveda y el sargento Nelson Gavilán Santos.
Los alegatos se iniciaron a las 10 horas, con la exposición del abogado Alejandro Peña, quien manifestó a los ministros de la Corte que sus representados son inocentes y que nunca se concertaron para ingresar droga al país.
Su argumento estuvo centrado en exponer que la ley señala que el tráfico de drogas se realiza con un fin de lucrar, negociar y facilitar el consumo, situación que según el abogado no ocurrió en esta causa. Comentó el patrimonio de dos de sus representados. Vilches y Gavilán. Planteó que al liberar el secreto bancario, el capitán registra un depósito de 1 millón de pesos y al sargento Gavilán le encontraron en el allanamiento a su oficina 460 mil pesos en efectivo, dinero que estaba destinado para las actividades de fin de año.
Planteó que el único gasto que realizó el OS-7 por el procedimiento, fue el pago de 500 mil pesos a Francisco Almonacid (supuesto informante). Reconoció que le hicieron un giro a Bolivia como premio a la información de la droga incautada, los 814 kilos de marihuana.
En este mismo sentido, manifestó que sus representados actuaron de acuerdo a la Ley.
Por su parte la fiscal regional, Javiera López, expuso a los ministros que enlas carpetas de investigación no aparece ninguna autorización de informantes, respecto a Almonacid. Señaló
que el fiscal Manuel González prestó declaración en esta causa y señaló que en el procedimiento de agosto solo le mencionaron la información que venía un camión con droga, obtenida por un informante. "Quiero dejar en claro que no existió de mi parte ninguna autorización de un informante para este procedimiento", decía la declaración del fiscal.
La persecutora mencionó que también prestó declaración el director regional de Aduanas, el cual señaló que recibió la información por parte de Carabineros que querían abrir el camión que venía con drogas el 6 de agosto, siendo que el cargamento se detectó un día antes (5 de agosto). "Ese camión estaba sujeto al tratado de Bolivia, lo que significa que una vez que fue detectado en el complejo Chungará, tenía que haber sido llevado de inmediato al puerto", expuso la persecutora.
La fiscal explicó que Francisco Almonacid, más conocido como "Pancho", era el encargado de contactar a los proveedores de la droga, quienes habrían financiado los procedimientos, ya que ellos mismos pagaron por la construcción de un doble fondo al camión que arrendaron los policías para ingresar la droga y según la propia declaración de Almonacid, se pagaban en el momento de recibir la sustancia ilícita en Santiago.
"De acuerdo al reglamentación interno de Carabineros, en cada carpeta se tiene que dejar constancia, de quiénes son los informantes, los pagos, etc, pero en ninguna parte se informa de ningún pago, salvo el giro de 500 mil pesos a Almonacid, pero tampoco existe un acta de entrega", expuso la fiscal.
A su vez, informó al pleno de la Corte que Almonacid fue condenado por tráfico de drogas y que registraba un quebrantamiento de condena que fue informado por Gendarmería. "Cuando entra Almonacid, el 9 de septiembre, ¿ qué hacen los policías?, se lo llevan, no controlan su ingreso en el Chungará y luego lo trasladan a un hotel, se lo pagan y después le arriendan un departamento. Hay mensajes de texto de Almonacid a Vilches por el cobro del arriendo y todo esto no aparece en los gastos de la OS-7", sostuvo. Además señaló que nunca fue detenido, registrando un quebrantamiento de condena. La fiscal, terminó su exposición señalando: "el origen de este procedimiento es ilegal y afecta al bien jurídico, ingresa a Chile droga que nunca tendría que haber ingresado, porque no se contaba con la autorización de la Fiscalía". J