Quiero hacerle notar al señor John Cobin "académico" ya que se dio el tiempo de buscar tantas citas de la Biblia, que Dios nos dio el libre albedrío para decidir por nosotros mismos y sus conocimientos académicos debería usarlos para educar a la ciudadanía a respetar a los semejantes, sean de donde sean.
Luis Rivera Cerda
Basta con pensar en mil personas para imaginarse, frente a una notaría, la larga fila de personas para, debidamente identificadas con sus cédulas vigentes, "firmar" ante el respectivo "ministro de fe", en un solo día, su voluntario patrocinio a una candidatura independiente, ¡Sin gastar un peso! Imaginemos cuán larga sería esa fila si hablamos de 5 mil o 17 mil "pacientes" conciudadanos, movidos sólo por la convicción de, y de la ganancia que obtendría el notario, que sí cobra al comando del respectivo candidato, por ese sacrificio laboral en un solo día, repetible más/menos cada cuatro años, de una parte.
De otra, el Servel, con nóminas en mano, padrón electoral "tiqui-taca", duplicado del registro general de afiliados presentado oportunamente por cada uno de los partidos políticos, personal suficiente y más de un día para, sólo debe verificar si cada uno de los firmantes está o no habilitado para el correspondiente patrocinio, es decir, ser ciudadano con derecho a sufragio y no estar afiliado en ningún partido político, pero si lo estuviere, la sumatoria de ellos no debería superar el 5% del total de firmantes, según lo establece el inciso tercero del art. 17 de la ley 18.700. Arduo trabajo, pero la nada misma comparado con hacerlo hoy en día, y desde 2005, respecto de la nómina de 120 diputados para detectar en ella quiénes se candidatean pro re-elección por un distrito distinto al que están representando, y rechazar "de oficio" dicha postulación, a la luz de lo preceptuado en el inciso primero del art. 51 de nuestra Constitución, norma a la que están sujetos y no al art. 48, que tanto las dirigencias partidistas, como el Servel han venido infringiendo desde 1993, amparados por el Tribunal Calificador de Elecciones, no obstante estar y ser todos conscientes de ello, en especial desde 2005. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, dentro de sus "atribuciones", no tiene la "facultad" de declarar inconstitucional una candidatura parlamentaria, como me lo manifestó en nota fechada el 10 de septiembre pasado, requerido al efecto.
Colofón: ¿Quién nombra a los notarios, a los miembros del Consejo Directivo del Servel, a los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones y a los del Tribunal Constitucional? Ni más ni menos que la clase política.
Jorge Saavedra Moena