Luego de la publicación por segunda vez de los extractos de las resoluciones de expropiación de propiedades en el valle de Azapa, comienza una nueva fase en el proceso destinado al entubamiento del canal del sector, ello en respuesta a la necesidad de modernizar una obra que "cumplió su ciclo".

Sin embargo, el proyecto ha generado críticas en parte de la comunidad, integrada por más de 400 poseedores de acciones de agua, muchos de los cuales no están dispuestos a cofinanciar la cuarta parte de la obra, costo que implica endeudarse por 25 años a un interés de 4% anual en Unidades de Fomento.

"El canal ya está en muy malas condiciones, y la organización (Comunidad de Aguas Canal Azapa, COMCA) al ver esto solicitó un reemplazo total de la obra, y se optó por una tubería de 41 kilómetros por los siguientes motivos: primero, disminuir la pérdida de conducción, luego de estimarse en 20 por ciento la pérdida de agua; segundo, evitar la sustracción ilegal de agua, que se da en períodos más secos; tercero, evitar la contaminación de las aguas, producto que muchos agricultores utilizan el canal como vertedero; y cuarto, aprovechando el desnivel, permitir la instalación de siete mini centrales de paso que generen 2,5 megawatts", explica el asesor del gobierno regional Marcelo Díaz.

Las discrepancias van por el lado económico, pero también por "la falta de un proyecto concreto y por la carencia de un estudio de impacto ambiental, y de la vulneración de derechos ancestrales cautelados por el Convenio 169", explica Eva Chang, agricultora afectada. J

l "El proyecto es irregular, aun cuando existe consenso que el canal Azapa necesita una reparación. En 2012 se tomaron decisiones a espaldas de los agricultores entre el gobierno y la COMCA, presidida entonces por el señor Daniel Chipana. El protocolo de acuerdo incluye expropiar terrenos a los agricultores e hipotecar sus derechos de aguas superficiales y subterráneas, endeudarlos a 25 años; un proyecto negativo para las comunidades indígenas del valle de Azapa, por lo que estamos pidiendo que se llame a una asamblea extraordinaria", explica Aníbal Díaz, vocero de los afectados. J