Ministerio Público pidió indagar cuentas del fiscal suspendido
El abogado Alejandro Peña, que defiende a los policías, acusó trato arbitrario contra el persecutor.
La Fiscalía solicitó dos procedimientos en contra del fiscal Manuel González Zapata, quien fue suspendido de su cargo mientras se realiza un sumario administrativo contra él por el denominado "Caso Drogas"
Uno figura con fecha 11 de noviembre, en la cual la fiscal regional, Javiera López, solicitó al Tribunal de Garantía la interceptación del celular del fiscal antidrogas y luego, con fecha 12 de noviembre, pide al Tribunal acceso a las cuentas corrientes del persecutor.
En su escrito la fiscal regional señala que "hay fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la eventual participación del señor González en algunos de los delitos de la Ley 20.000 (referidos a tráfico u omitir información respecto a éste siendo funcionario público) al mantener asignadas todas las causas antes mencionadas, mantuvo una inactividad inusual en este tipo de investigaciones, no realizó diligencias para efectos de abordar las omisiones y contrasentidos de procedimiento policial".
Según la carpeta de investigación, en la internación por el paso fronterizo Chungará de más de 299 kilos de marihuana, el fiscal González habría recibido antecedentes del OS-7, y habría despachado oficios autorizando la figura de un agente encubierto para traer la droga en forma controlada hasta Santiago.
Hay una orden de investigar que es el oficio 1008, con fecha 5 de agosto de 2013, que dice: "Solicito al jefe de OS-7 de Carabineros de Chile, diligencias de investigación por el delito de tráfico de drogas. La información solicitada deberá ser remitida en un plazo de 30 días", dice el documento y aparece la firma del fiscal González.
El 5 de agosto de este año, funcionarios del OS-7 se trasladan al Complejo Chungará, estando en lugar en coordinación con personal de Aduanas que supuestamente tenía conocimiento del ingreso del camión. Hay fotografías del trámite con presencia de agentes de Aduanas de Chile y Bolivia, pero también con miembros de la Fiscalía, funcionarios de la PDI y Carabineros. Dicho documento señala que todo los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía con un parte N° 748 del 5 agosto, que incluía fotografías y los nombres de quienes participaron en el procedimiento.
Con fecha 6 de agosto de 2013, una vez tomada la decisión de trasladar la droga a Santiago para detener a los receptores, en una resolución (023) se autoriza la figura del agente encubierto para que un funcionario policial (el capitán formalizado) se haga pasar por el transportista y bajo esa figura pueda tomar contacto con el traficante. Oficio donde vuelve a aparecer la firma del fiscal.
"Se dispone que personal de la sección OS-7 de Arica, de Carabineros de Chile, sea la autoridad encargada de vigilar y custodiar debidamente las sustancias prohibidas que se transportan", señala el texto. Luego, el OS-7 se traslada con la droga a Santiago con el agente encubierto con la finalidad de realizar la entrega controlada, la cual fue autorizada por la Fiscalía y se concretó con la detención de un ciudadano boliviano y colombiano. Por otra parte, existe un video que muestra claramente cómo fue la detención y se ve a los dos extranjeros manipulando la droga (ver fotografías).
Tanto el colombiano y el boliviano y otros dos extranjeros recuperaron su libertad y fueron citados por la Fiscalía a declarar en calidad de testigos. La audiencia está programada para hoy a las 10 horas en el Tribunal de Garantía. En este sentido, fuentes de la indagatoria señalaron que la investigación se centra en la génesis de estas dos operaciones de tráfico, planificadas por los policías y civiles, hasta su internación a territorio chileno. En este contexto y de acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, los funcionarios policiales habrían planificado la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país (5 de agosto y 9 del septiembre. En el primero se incautaron cerca de 300 kilos de marihuana y en el segundo 814 kilos de la misma droga) para, posteriormente, montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo, la indagatoria a cargo de la fiscal regional Javiera López, estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.
Además, señaló que la investigación determinó que desde julio del presente año, los funcionarios policiales se habrían concertado para ingresar importantes cargamentos de droga al país. Para ello se contactaban con un sujeto que vive en Santa Cruz (Bolivia), para recepcionar la mercancía. Este mismo sujeto, F.A.C., registraba una orden de detención pendiente por quebrantamiento de condena por tráfico de drogas, entra a Chile con la incautación de los 814 kilos. J