Sankán arriesga 36 años de cárcel por el Caso Corrupción
La Fiscalía presentó ayer acusación contra 17 imputados. La investigación estimó en más de $3.600 mil millones el fraude.
El denominado Caso de Corrupción Pública llegó a su etapa final. Ayer la Fiscalía presentó la acusación contra 17 imputados y está solicitando una pena de 36 años de cárcel para el ex alcalde Waldo Sankán, mientras que para los empresarios Jorge Frías solicitó 51 años y 16 para Rodrigo Ortiz. Los tres son los únicos acusados que permanecen privado de libertad en la Cárcel de Acha.
La fiscal regional, Javiera López, manifestó que en total suman 221 años y 541 días de presidio contra los ahora 17 acusados, por diversos delitos vinculados a la ejecución de varios proyectos de la Municipalidad de Arica.
La investigación estableció que el monto total de lo defraudado asciende a poco más de 3 mil 600 millones de pesos.
Javiera López explicó que "se presentó acusación respecto de 17 imputados por los cuales nosotros deducimos esta imputación. Las penas varían de acuerdo a la participación de cada imputado y los hechos por los cuales fueron formalizados. En lo medular, respecto del señor Jorge Frías y del señor Waldo Sankán, dado los crímenes por los que fueron formalizados y ahora acusados, se están pidiendo penas bastante altas, principalmente por la asociación ilícita de 10 años y un día y lavado de dinero, con una pena similar y las otras penas por otros delitos de corrupción que cometieron", sostuvo la fiscal.
empresa
Asimismo, el órgano persecutor presentó acusación contra la persona jurídica Asevertrans Limitada (el 1 de junio de 2012 la Fiscalía presentó la primera imputación de cargos criminales contra una empresa de carácter privado en el país, en el marco de la Ley 20.393, de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica), por el delito de cohecho activo reiterado, solicitando su disolución.
Dicha empresa era la encargada de ejecutar los trabajos en el Vertedero Municipal, cuyo propietario es Jorge Frías. En febrero de 2012, se adjudicó nuevamente la propuesta, existiendo denuncias que no estaba cumpliendo con el contrato. También fue cuestionado por los malos olores, la generación de moscas y la gran cantidad de incendios que se habían registrado en el lugar. La Fiscalía comprobó que Asevertrans recibió pagos por el uso de maquinarias para faenas que nunca se efectuaron.
pruebas
Los fiscales Javiera López y Carlos Eltit presentaron la acusación en el Tribunal de Garantía y llegaron con una gran cantidad de documentos.
La fiscal Javiera López planteó que presentaron una extensa prueba. Entre ellas se cuentan más de mil documentos, entre pericias contables y otros informes, además de testigos y peritos, medios de prueba con los cuales pretende acreditar cada uno de los ilícitos.
"Esto ha sido un trabajo bastante extenuante, arduo, que ha requerido un sacrificio y esfuerzo importante del grupo humano que ha estado detrás de esta investigación. En este escenario, tenemos la tranquilidad que se ha hecho un trabajo bastante riguroso y serio, y que también eso va a permitir a las defensas poder acceder a los antecedentes de mejor manera y poder ejercer los derechos que les corresponden. Hay que considerar que se trata de 101 tomos de investigación y eso se traduce en numerosa prueba", agregó la autoridad regional de la Fiscalía.
Durante la formalización presentaron varias escuchas telefónicas que fueron claves para desenmascarar la supuesta organización criminal que operaba al interior del municipio.
propuestas
Esta mega-investigación de la Fiscalía abarca delitos cometidos en el marco de tres propuestas públicas licitadas por la Municipalidad de Arica. En este sentido, se estableció que se cometieron diversos ilícitos en la ampliación del contrato del vertedero que suscribió la empresa Asevertrans con la municipalidad. La indagatoria determinó que su representante legal, Jorge Frías, ofreció beneficios económicos a los entonces concejales para que votaran a favor de la renovación del contrato del vertedero, lo que finalmente sucedió el 3 de febrero de 2012, extendiéndose por dos años el convenio y por el cual la empresa recibiría la suma de $657.576.000 pesos. Asimismo, se estableció que el entonces alcalde Waldo Sankán también realizó, a cambio de dinero, acciones destinadas a obtener los votos para la ampliación a favor del empresario.
Otra de las propuestas investigadas se refiere a la limpieza de los contenedores de basura, adjudicada a la empresa Sovinca, de propiedad del acusado Rodrigo Ortiz, mediante la cual se estableció que la municipalidad pagó millonarias sumas de dinero a la firma por trabajos incompletos y que no se ajustaban a las bases. Dichas irregularidades se ejecutaron con la complicidad de varios inspectores municipales que también se encuentran en calidad de acusados en esta indagatoria. A ello se suma la investigación por la propuesta de mantención de áreas verdes, la que determinó que el empresario Ruperto Ojeda pagó la suma de 24 millones de pesos al ex alcalde Sankán para adjudicarse dicha licitación.
acusados
Según la Fiscalía, el resto de los acusados arriesga las siguientes penas: El ex concejal Javier Araya,13 años por delitos de cohecho, fraude al fisco y asociación ilícita; Arnaldo Salas, administrador municipal, 6 años por negociación incompatible y asociación ilícita y otros 541 días por fraude al fisco; Fernando Vargas, 13 años por dos fraudes al fisco y asociación ilícita; Rodolfo Hernández, 6 años por fraude al fisco y asociación ilícita; Marcela Palza, 8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco; María Teresa Becerra, 8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco; Eloy Zapata, 8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco; Patricia Fernández, 8 años por cohecho pasivo y fraude al fisco; Enrique Orellana, 7 años por fraude al fisco y nombramiento ilegal; Héctor Arancibia, 11 años por fraude al fisco, asociación ilícita y cohecho; Gerardo Gajardo, 10 años por lavado de activos; Ruperto Ojeda, 10 años por cohecho y uso malicioso de instrumento privado falso; Sergio Navarro, 7 años por fraude al fisco; y Manuel Terraza, 3 años por fraude al fisco.