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Martes 17 de febrero de 2009
Rechazo a prohibición de informar
La facultad de los jueces para decretar una prohibición de informar fue derogada, tras un prolongado y público debate, en el año 2001, con la dictación de la Ley N° 19.733 (Ley de Prensa), que reemplazó a la Ley sobre Abusos de Publicidad.

En una breve pero importante resolución, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró ilegal la prohibición decretada por un juzgado de garantía de difundir el nombre y fotografía de un abogado (Pedro Toledo Barrera) que había sido formalizado por estafa a uno de sus clientes.

A juicio del máximo tribunal, el que recientemente, y luego de realizarse un juicio abreviado, Pedro Toledo fuera finalmente condenado por estafa y, además, por cohecho a funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de La Ligua, hacía innecesario pronunciarse sobre el fondo del recurso.

Desde el punto de vista de la libertad de prensa, lo relevante de este fallo es que queda a firme el criterio que en octubre del año pasado estableció la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto a que "libertad de información sin censura previa es base esencial para la existencia de un Estado democrático (...) y su restricción sólo puede ser establecida por ley de quórum calificado, siendo, en consecuencia, contraria a la ley su restricción sin fundamento legal expreso".

En efecto -y como ha sido también reiterado por nuestra doctrina-, fuera de los casos específicos que la ley contempla, no puede ningún tribunal decretar una prohibición, ni aun bajo la pretendida finalidad de proteger la intimidad, el honor o la presunción de inocencia de las personas, que impida a los medios difundir informaciones.

Cabe recordar que la facultad de los jueces para decretar una prohibición de informar fue derogada, tras un prolongado y público debate, en el año 2001, con la dictación de la Ley N° 19.733 (Ley de Prensa), que reemplazó a la Ley sobre Abusos de Publicidad.

Por otra parte, éste no era uno de aquellos casos en que la ley expresamente prohíbe difundir la identidad de los sometidos a juicio o condenados, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los menores de edad o cuando se trata de ciertas hipótesis previstas restrictivamente en la Ley de Drogas u otras leyes especiales.

La prohibición del juzgado de garantía en este caso era, además, particularmente injusta, pues vulneraba flagrantemente la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por cuanto es un hecho que el beneficio otorgado no operaba respecto de otras personas y podría entenderse como un privilegio especial, dada la calidad de abogado del favorecido. Siendo así, sólo cabe encomiar la rectificación de los tribunales superiores de justicia.