Durante cuatro décadas, la actual Constitución que nos rige ha tenido un sitial de preponderancia definiendo el devenir de al menos dos generaciones. Fue elaborada para sustentar un modelo autoritario en cuanto a lo político, y neoliberal respecto a lo económico. Además, contó con disposiciones transitorias que pretendieron suplir la ausencia de legitimidad en su origen. Otro tanto ocurre con el plebiscito de 1980, el que, sin ley electoral, partidos políticos proscritos y prensa prohibida bajo censura, fue solo una burda imitación de un acto de legitimación soberana.
Si bien es efectivo que nuestra carta fundamental ha experimentado reformas, como muchos lo han hecho presente a través de Redes Sociales; ésta aún conserva su carácter: Fue concebida para un Estado burocrático, centralista y sin opciones de participación ciudadana en decisiones de corte político, donde no se recogen valores esenciales como la multiculturalidad, solidaridad e igualdad, y totalmente ajena al concepto de enfoque de derechos sociales, entregándose plenamente al Principio de Subsidiaridad del Estado y a la protección de la propiedad como fin último. En resumen, un código extemporáneo y regresivo. Un cuerpo normativo de la Nación, sin la Nación (entendiendo por tal la esencia de una sociedad con objetivos comunes, unidos por un pasado y un proyecto futuro representativo de la gran mayoría).
Para cambiarla tenemos que perder el miedo al diálogo, modificándola a través de una Asamblea Constituyente que nos represente como sociedad libre y pensante.
Esta es la deuda histórica que la norma constitucional vigente tiene con el orden institucional democrático del país, ya que ha sido incapaz de visibilizar los cambios de la sociedad en que vivimos y renuente al desarrollo de un estado social y democrático de derechos humanos.
Por ello, realizar un plebiscito que nos permita participar soberanamente de su configuración, en que se consigne el sentir de miles de chilenos que durante los últimos días han participado activamente en conversatorios y cabildos, es uno de los caminos. El otro, promover un proceso constituyente de amplia renovación democrática, con enfoque de derechos, que nos posicione finalmente como un país coherente con las demandas de su pueblo. En fin, modificaciones y participación que nos lleven a Adoptar y no Adaptar, un nuevo pacto social, plasmado en un cuerpo representativo de la voluntad soberana y sus demandas.
Las mismas que detonaron tras el simple salto de un joven, sobre una barra metálica, para evadir 30 pesos de alza en un boleto del Metro.
Ricardo Sanzana Oteíza
Abogado
