La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes en contra de resoluciones de las Intendencias de Arica y Parinacota, Tarapacá y de la región Metropolitana, que decretaron la expulsión del país de un grupo de extranjeros de diferentes nacionalidades que habrían ingresado clandestinamente al territorio nacional.

En fallo dividido, la segunda sala del tribunal de alzada, integrado por el ministro Mauricio Silva Pizarro, el fiscal judicial Juan Manuel Escobar Salas y el abogado (i) Mario Palma Sotomayor, acogió la acción constitucional y dejó sin efecto los decretos de expulsión de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos y dominicanos dictados entre 2018 y 2019, luego de constatar ausencia de fundamentos y por ser desproporcionadas.

La sentencia, agrega que "(…) las resoluciones de expulsión atacadas, devienen en ilegales por ausencia de fundamentos, además de desproporcionadas, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ser acogida, al afectar la libertad ambulatoria de las personas amparadas".

El recurso fue acogido respecto de 34 personas amparadas, mientras que se rechazó el recurso de amparo de tres extranjeros.

Constanza Espinoza Morales

El mismo equipo de vigilancia robado fue el que permitió establecer su ubicación mediante imágenes, lo que al parecer era desconocido por la persona que lo estaba utilizando.

Fue así como detectives de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI Arica, detuvieron a un joven de 25 años por el delito de receptación, ya que desde su domicilio se recuperó este dispositivo DVR, el cual se comprobó que fue sustraído en el robo a una casa durante el mes de agosto.

Pidió ayuda a la dueña

De acuerdo a lo informado por la PDI, la especie robada estaba sincronizada con el teléfono celular de su propietaria original, por lo que enviaba constantemente imágenes del domicilio donde el equipo se encontraba instalado actualmente.

Es así como se logró rastrear el dispositivo y se pudo localizar a quien lo tenía en su poder.

Por este motivo, la Biro de la PDI, concurrió hasta el sector de Villa Frontera de la ciudad, que es el lugar donde se ubicó el domicilio que mostraban las imágenes.

Mediante la autorización voluntaria de la propietaria, los detectives ingresaron al domicilio, comprobando que el equipo efectivamente estaba allí, motivo por el cual lo recuperaron.

Se estableció que el equipo DVR había sido adquirido en el comercio informal por su hijo, especie que se informó tiene un avalúo aproximado de 124 mil pesos.

Por instrucción del fiscal de turno, el imputado quedó en libertad, pero apercibido. No obstante y debido a que registra una orden de detención pendiente, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía local.