Este jueves 3 de octubre, en seis regiones del país -entre las que se cuenta la Región de Arica y Parinacota- entrará en vigencia la Ley 21.057 o Ley de Entrevistas Videograbadas a niños, niñas y adolescentes que, sin duda, se transforma en uno de los cambios más profundos en el sistema judicial desde el año 2000, cuando comenzó la reforma procesal penal.
En lo medular, esta ley consagra principios ya ratificados por Chile en la Convención de los Derechos del Niño y busca prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes al momento de enfrentar un proceso penal.
Hasta hoy, un menor de edad que, por ejemplo, es víctima de un delito sexual u otro de similar gravedad, debe pasar -desde el momento de la denuncia hasta el juicio oral- por una serie de entrevistas por parte de las instituciones involucradas que le provocan más daño sicológico porque debe declarar en más de una ocasión sobre el delito que le afectó.
Con la nueva legislación se elimina la intervención excesiva e invasiva. Ahora, el profesional que deba contactarse con el niño, niña o adolescente será especializado y acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un lugar adecuado y la declaración será grabada, de tal manera de no someterlo nuevamente a trámites. Asimismo, incorpora nuevas medidas de protección que resguarden a este grupo etario.
La jurisdicción de Arica se encuentra 100% preparada para que opere este nuevo cuerpo legal. Este año, ministros, jueces y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Arica, el Juzgado de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal han participado en una serie de capacitaciones que dan cuenta del compromiso local de resguardar a los niños, niñas y adolescentes de la región. De hecho, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica fue sede de un juicio simulado que permitió observar cómo operará esta ley.
La jurisdicción de Arica ya está preparada para esta ley. Ahora, su éxito está en manos de quienes somos actores del proceso penal y quienes debemos velar por prevenir la victimización secundaria de nuestros niños, niñas y adolescentes.
