Ajenos, distantes a esa "pasión" que más parece un fanatismo enfermizo e irracional, generalmente cada 15 días el Estadio Carlos Dittborn recibe un partido correspondiente a la Segunda División del fútbol chileno. Como ocurre en el mundialista, pasa también en algunos pocos estadios de Chile, donde esta actividad sigue siendo vista como un deporte, un espectáculo y una entretención que incluso, puede convocar a toda la familia.

Una reflexión que surge luego de que en estos últimos días, dos casos preocupantes de violencia en el fútbol se tomaran la agenda informativa nacional. Hace unos días, Felipe de Pablo, gerente general de Azul Azul, la controladora del club Universidad de Chile, fue atacado mientras visitaba por la noche a unos familiares en Puente Alto.

La misma víctima reconoció que hinchas del mismo club, apedrearon su vehículo y gritaron amenazan en su contra, lo que motivó que denunciara los hechos ante la PDI.

Y este viernes, el alcalde de La Cisterna, en Santiago, declaró que recibió amenazas de muerte debido a su oposición y la del Concejo Municipal, a que se juegue el partido entre Palestino y Colo Colo en su comuna ¿Por qué el rechazo? Por las "inseguridades y los eventuales ilícitos que pudiera provocar una barra brava", dijo el jefe comunal. El edil también criticó al club de su comunal, Palestino, por llevar hasta La Cisterna duelos con clubes de alta convocatoria.

Son dos hechos que muestran que el fútbol sigue enfermo. Lamentablemente, enfermo de una violencia que nace desde las gradas y termina en las calles. Si bien la legislación actual ha avanzado en erradicar esta violencia al interior de los estadios, no ha conseguido extirparla desde el corazón de los clubes. Y en eso, aún queda mucho por hacer en las mismas instituciones, incluso, a partir de los jugadores.

Se extrañan campañas decididas que nazcan desde los clubes y de los mismos protagonistas, destinadas a terminar con una rivalidad que es caldo de cultivo para la violencia y los ilícitos. En otras palabras, aún faltan voluntades y hasta valentía para terminar con la violencia.

El 5 de junio se cumplieron 18 años desde que se publicó en el Diario Oficial la Ley 19.734, que abrogó la pena de muerte.

Este nuevo escenario significó que la pena capital no puede ser restablecida por Chile, obligación internacional a la que está sometido por el artículo 4.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si se estimase que dicha pena no ha sido abolida (porque aún la contempla el artículo 244 del Código de Justicia Militar, para militares que en tiempo de guerra cometieren algunos de los delitos de los artículos 106 a 110 del Código Penal -traición a la patria y espionaje-) y que, en consecuencia, una decisión política podría restablecerla, habrá que tener presente la Opinión Consultiva OC-3, de 1983, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en relación a las normas de los artículos 4.2 y 4.3 de dicha Convención, concluye que es evidente su intención de poner un límite definitivo a la imposición y aplicación de la pena de muerte, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que la han abolido como en aquellos que no lo han hecho totalmente. Si se estimase, entonces, que en Chile aún no se ha abolido la pena capital, habrá que convenir que tampoco podría extenderse su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente (art. 4.3), restringiéndose en consecuencia su aplicación -y sólo eventualmente- a aquellos delitos especiales militares.

Sin duda esta es la interpretación correcta de las normas de la Convención, interpretación que debe hacerse de "buena fe" en función de su objetivo y fin, cuestión a la que el Estado chileno también se encuentra obligado, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho los Tratados. Finalmente, resulta alentador constatar que con esta decisión Chile se sumó a la mayoría de las naciones que han abolido la pena capital, abandonando una sombría lista de países que, como Estados Unidos, Cuba, China o Irán aún la contemplan.