Delitos en el tránsito
El comportamiento vial de los ariqueños y ariqueñas sigue en tela de juicio. Si bien el año pasado, por ejemplo, se llegaba a saber que entre los delitos más comunes y con más crecimiento en la región estaba la conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, ahora se suma un nuevo antecedente conocido hace sólo unos días, y difundido por La Estrella.
De acuerdo a estadísticas de la Defensoría Penal Pública, entre los meses de enero y abril del presente año, se han ingresado 1.865 causas delictuales, de las cuales un 81,3% de los imputados son hombres, mientras que sólo un 18,7% son mujeres, como panorama general.
Pero llama la atención el hecho que de todas estas causas, 465 corresponden a delitos de la Ley de Tránsito, cifra que representa un 24,9% de los delitos llevados hasta Tribunales. En este análisis ingresan todos aquellos hechos constitutivo de delitos, entre los que destacan la conducción en estado o situación de impedimento para hacerlo.
Es el caso de conducir, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, o francamente en estado de ebriedad. A eso también se unen nuevas detecciones, como es el conducir bajo la influencia de las drogas, diagnóstico que ahora se puede hacer gracias al Narcotest.
Este es el examen que se realiza con características y circunstancias similares al Alcotest, y que a estas alturas ya ha logrado sorprender a conductores y conductoras guiando sus vehículos luego de haber consumido drogas o sustancias que les impedían realizar esta tarea en las condiciones de seguridad y conciencia obligatorias.
Se trata, evidentemente, de una realidad muy preocupante en nuestra región. Esto es más grave debido a la proporción que tiene el uso de los vehículos. La irresponsabilidad frente al volante aumenta los riesgos de daños, lesiones y hasta fallecimientos.
Entre el desconocimiento y la rebeldía, la imprudencia y la enorme irresponsabilidad, sin duda que la educación y la fiscalización deben seguir siendo intensas y rigurosas.
Pero no sólo eso. También se deben elaborar leyes que cumplan con sus objetivos, que sean efectivas y disuasorias.